Que el productor de televisión Freddy Beras Goico haya cambiado de parecer sobre su exhortación de no acatar el desarme en diciembre de ninguna manera legitima la medida de la Secretaría de Interior y Policía.

Aunque con frecuencia emotivo, nadie puede regatear el peso social de Beras Goico, lo que determinó el despliegue dado por El Nacional a declaraciones de las que ahora el prestigioso comunicador se ha arrepentido para respaldar el ilegal y discriminatorio desarme de un sector de la población. Con todo y que rectificar es de sabios, no todos miden de igual forma alegatos como los de Beras Goico para reconsiderar su oposición inicial al desarme dispuesto por Interior y Policía. La confusión indica que personalidades como él tendrán en lo adelante que informarse mejor antes de emitir juicios de los que después, en desmedro de su bien ganada imagen, tienen que arrepentirse. Ahora, con todo y la rectificación de Beras Goico y la garantía de Interior y Policía de que empresarios, comerciantes, ganaderos, comunicadores y artistas no serán desarmados, la medida no deja de ser ilegal, además de controversial.

La Ley de Presupuesto

Lo cierto es que resulta contradictorio y hasta decepcionante que el Congreso Nacional sea cómplice de violaciones a la Ley de Presupuesto en cuanto a las partidas consignadas a diferentes instituciones.

La conducta del Legislativo, en la práctica controlado por el Ejecutivo, deja muy mal parado el sistema fundamentado en la separación e independencia de los poderes. Y más cuando nada menos que el presidente del Senado ha llegado al colmo de defender las violaciones.

Consciente de las implicaciones el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que el Congreso no puede prestarse a violaciones de leyes de orden público.

Es irónico, pero propio de una democracia al estilo República Dominicana, que en lugar del Congreso velar por el estricto cumplimiento del orden jurídico justique los atropellos institucionales.

Ante el escándalo, al menos en lo que respecta a la Justicia, Educación y los Ayuntamientos, Castaños Guzmán recomendó un cuerpo para vigilar, y se supone que actuar, sobre las violaciones de las leyes.

Si el Ejecutivo y el Congreso quieren concentrar y administrar a discreción los recursos públicos sólo tienen que legislar en ese sentido. De lo contrario tienen que actuar con apego a la ley.

La verdad es que si desde arriba no se respetan las leyes no hay autoridad moral para exigírselo a los de abajo. Es el dilema de bochornos como el denunciado por el presidente de la Finjus.