Tras la pausa de la semana, cuando los precios fueron congelados, el Gobierno retomó a partir de hoy el ritmo en las alzas de las gasolinas y otros derivados del petróleo que inició hace dos meses. Los 4.20 y 3.50 por galón que aumentó a la Premium y Regular constituyen un duro golpe para unos consumidores cada vez más acorralados por el alto costo de la vida.

Los reajustes se apoyan en justificaciones que, por inaprehensibles, parecen aéreas. En esta ocasión, el Ministerio de Industria y Comercio ha alegado variaciones superiores al 6.7% en los precios de los derivados ante el supuesto temor de reducción de las importaciones promedio de petróleo, así como de nuevos registros de subutilización de la capacidad instalada de crudo en Estados Unidos.

No conforme con el galimatías, Industria y Comercio recurrió a la perla idiomática, en su esfuerzo por justificar la brutal alza, de la debilidad cambiaria del dólar frente al euro y los indicadores de confianza del sector construcción, que dijo retrocedieron en la recuperación que había registrado en febrero.

Pero en la lógica de ese consumidor al que el Gobierno busca engatusar con los argumentos más enrevesados con un petróleo que cerró a 92.97 dólares el barril en la bolsa de Nueva York no es para que el galón de gasolina Premium se cotice a 250.70 ni la regular a 230.70. Más caras incluso que cuando el hidrocarburo se ha colocado por encima de los 100 dólares.

Los únicos que han tenido un respiro con la resolución sobre los derivados del petróleo son los usuarios de gas propano amas de casa, choferes del transporte público y algún otro sector- y los de gas natural, porque se congelaron los precios de ambos componentes. Además de las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el avtur y el keresene fueron aumentados.

El batacazo que supone el alza de los precios de los carburantes vuelve a plantear la inquietud sobre la necesidad de transparentar un mercado del que algunos cálculos dan cuenta que movilizó en 2012 alrededor de 1,621.2 millones de galones. Se piensa que el Gobierno controla a conveniencia, tanto por razones más políticas como económicas, las variaciones de precios.

Con el impacto del reajuste se esfuman los aplausos sobre la revocación del arreglo que se había buscado al conflicto de Bahía de las Aguilas. Y este que el golpe ha sido demasiado fuerte, sobre todo en un momento en que el comercio y otros sectores también se quejan de la escasez de circulante. Pero con el control de los empresarios del transporte, el Gobierno sabe que, por más abusivas que resulten, no habrá disturbios por las alzas. Si acaso algún aspaviento para guardar las apariencias. No más.