Rafael Ciprián
La trascendental decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de reconocer legalmente al Partido Esperanza Democrática (PED) ha creado un debate nacional que se extiende como un maremoto. Y no decimos un tsunami porque no es el mero efecto de una ola gigantesca de un volcán marino, sino un terremoto cuyo epicentro se origina en el fondo del mar. Así se manifiesta la práctica trujillista en el fondo de la cultura dominicana actual.
Eso se comprueba con el hecho de que la mayoría de la población joven, incluyendo a los adultos nostálgicos, por su ignorancia política e histórica y por la frustración con la sociedad, añoran la era de Trujillo. No sufrieron como las víctimas y sus familiares.
Todo el escándalo mediático se debe a que el PED está presidido por el señor José Ramfis Domínguez Trujillo. Es hijo de Angelita Trujillo y nieto del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Esa relación familiar, más un discurso, como el de “mano dura”, que ha exhibido lo colocan como un continuador de su abuelo.
Jurídicamente, el PED puede realizar todos los actos que entienda conveniente, dentro del ordenamiento legal nacional, y que generan derechos y obligaciones. Incluyendo presentar las candidaturas a presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, regidores, y demás. Y quien lo dirige juega un papel determinante en todo eso.
Los que han pegado el grito al cielo por la decisión de la JCE se aterrorizan ante el posible renacimiento político del trujillismo. Ellos saben que culturalmente ese fantasma está vivito y coleando en la conducta de nuestras autoridades.
Hasta vienen invocando la ley 5080 del 1962. En su artículo 1 dice: “ “Toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o su régimen tiránico, en alta voz, o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o epistolares, dibujos, impresos, grabados, pinturas o emblemas se considerará y juzgará como autor de delito contra la paz y la seguridad publicas y será castigada con prisión de diez días a un año o multa de diez a quinientos pesos oro o con ambas penas a la vez.”
Ese texto legal choca frontalmente con el derecho y la libertad de expresión o el artículo 49 de la Constitución. Pero existen los que interpretan las normas a su manera.
Satanizar a la JCE porque respetó el sistema jurídico con el reconocimiento del PED, aunque lo represente el nieto del hombre que reflejó los más bajos instintos del ser humano, es un desatino. Esto así porque el PED cumplió con todo lo que la ley manda para el caso. Y la ley es igual para todos, conforme al artículo 42.15 de la Carta Magna.
Si el PED representa la dictadura histórica, opónganle la democracia participativa moderna, eduquen al pueblo y mejoren sus condiciones de vida. Compitan. ¿Por qué tanto miedo?.
