En el curso de este mes, manadas de haitianos ilegales han cruzado la frontera, principalmente por la región Sur del país, sumándose a la gran masa de indocumentados, en un proceso incesante de haitianización en todas las actividades cotidianas de nuestra nación, ante la mirada permisiva de las autoridades competentes.
A diario se reportan crímenes y delitos cometidos por nacionales haitianos contra ciudadanos indefensos, y lo que es peor aún, un gran número de ellos tienen una actitud desafiante frente a los criollos que les reclaman por algún comportamiento inadecuado, exhibiendo una rebeldía hasta hoy desconocida.
Una crónica de este periódico, reseñaba la inconducta de los haitianos ilegales en su quehaceres diarios, y resaltaba que en las cárceles hay miles de haitianos imputados de múltiples infracciones y una apreciable cantidad se escapa del brazo de la justicia, pues huyen por la franja fronteriza, tan pronto violan las leyes o se escudan en la falta de documentación y evitan ser arrestados por los hechos punibles en que incurren.
Mientras el gobierno central gasta miles de millones de pesos reforestando el país, los haitianos poseídos de una voraz inclinación de tumbar árboles, convirtiéndolo en leña para cocinar, pues no tienen estufas ni otros utensilios que son destinados a las tareas domésticas.
Los dominicanos no tenemos odio contra los haitianos, mucho menos racismo ni xenofilia, y lo que se procura es que exista un control migratorio, a los fines de que los ilegales sean repatriados, respetando los derechos humanos de cada inmigrante. Tenemos la grave situación de que los haitianos se envalentonan ante las autoridades. Se orinan en las calles, transitan en triciclos en vía contraria y conducen sin licencia.
La masiva presencia de indocumentados, es una preocupación permanente, dado que nuestros vecinos no esconden sus intenciones de apoderarse de nuestro territorio, como lo hicieran en el pasado, con la agravante que ahora cuentan con el apoyo de potencias extranjeras que buscan fusionar la isla y designar a Santo Domingo como la capital de ambos países.

