El Nacional
La Segunda Sala de la Cámara Penal de Primera Instancia de La Vega rechazó ayer un recurso de amparo incoado contra dos funcionarios del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas de la Secretaría de Interior y Policía, acusados de violación de derecho privado por el cierre de un negocio.

El recurso fue incoado por la señora Barmelys Josefina Marte Abreu, propietaria del centro de diversión Oki Doki, contra los funcionarios Henry Castellanos y Ana Silvia Moronta.

El tribunal rechazó el recurso por ser mal encausado, en vista de que fue hecho contra los funcionarios citados y no contra el Estado a través de la Secretaría de Interior y Policía. Castellanos y Moronta son director y directora administrativa del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas.

Se declara inadmisible la acción constitucional de amparo, toda vez que ha sido mal encausada, en razón de que a quienes han demandado es a los señores Henry Castellanos, subdirector de Interior, y a Ana Silvia Moronta, encargada administrativa de Coba, en su calidad de empleados de la Secretaría de Interior y Policía y no al Estado Dominicano, dice la sentencia.