La ley que obliga a la declaración jurada de bienes antes y después de ocupar cargos, también obliga a que se indague la procedencia o el incremento del patrimonio.
Así se lo han recordado al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz.
Con el reclamo y la ola de transparencia que se ha levantado, Álvarez Pérez tiene que determinar el origen de cada peso del patrimonio de los declarantes.
La Cámara de Cuentas se ha dedicado por ahora es a recibir las declaraciones como si con ello fuera suficiente.
Al pedirse que se investigue el origen de los bienes hay más motivos para hacerlo. Morbo aparte, pero la realidad es que funcionarios, exfuncionarios, legisladores y exlegisladores han amasado una fortuna cuyo proceso debe transparentarse.
El Nacional
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