Cuando desde el principio de un proceso el imputado y sus abogados perciben que se han caído en un callejón sin salida y que, por tanto, enfrentarán irremisiblemente una condena en buena administración de justicia, se recurre casi siempre a tácticas dilatorias como la recusación al juez a cargo.

La recusación al magistrado Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, es una clara muestra de que Marino Zapete se siente desde ya perdido por la demanda por difamación interpuesta por Maybeth Rodríguez, en vista de que no cuenta con los argumentos para demostrar que no incurrió en difamación al señalarla públicamente como beneficiaria personal de una transacción legal en la que sólo tuvo la calidad de actuar en representación como apoderada.

En su afán de sobresalir como fementido defensor de causas de interés general y sin respeto y apego a la honra y la buena reputación de las personas, Zapete cometió sin lugar a dudas el delito de difamación y como se siente atrapado, recurre ahora a una “chicana”, que no es más que una artimaña utilizado en un pleito por alguna de las partes.

Eso y no otra cosa es lo que se ha hecho al recusar al juez González, quien en una actitud que habla muy bien de su integridad personal, de su firmeza y convicciones, rechazó la pretendida objeción de la representación legal de Zapete, defendiendo la imparcialidad con que ha actuado desde el primer momento al ser apoderado de la demanda por difamación.

Contrario a lo que quizás pensó Zapete, de que con su acción podría presionar al juez, González aprovechó la recusación y lo dejó mal parado frente a la opinión pública, al señalar que su objeción en este caso tratando de apartarlo del proceso era infundada y selectiva porque no daba señales de que sería favorecido y con razón se preguntó, por qué no había ocurrido lo mismo en dos procesos anteriores en que dio ganancia de causa al comunicador.

Como está consciente de que no podrá evadir la acción de la justicia, Zapete sigue presentándose como un perseguido del Gobierno y específicamente del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que no ha tenido intervención alguna en este caso y ante la ausencia de pruebas irrefutables, recurre a un show mediático con la participación de grupos caracterizados por ideas intolerantes.

Las manifestaciones de estos grupos en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva han constituido un medio de presión indebido para tratar de condicionar al magistrado, quien en una demostración de hidalguía y de respeto a sí mismo no ha cedido ante estos mecanismos y en tal virtud, dispuso que el equipo legal de Zapete formalice por escrito el recurso interpuesto en su contra, que será remitido a la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que decida si el juez debe continuar conociendo el caso.

Conociendo a Zapete por considerarse con el derecho de hacer cualquier imputación, por temeraria que sea, no es aventurado prever que en la eventualidad de que González sea apartado del proceso, también recurrirá a otra recusación, si el magistrado designado en sustitución actúa con imparcialidad.

Zapete y sus abogados son los que en buena lid tienen que demostrar que el comunicador no cometió el delito de difamación, en lugar de tratar de desviar la atención hacia puntos que están fuera de toda consideración en el caso, tal cual fue apoderado por los abogados de Maybeth Rodríguez.

El pecado cometido por el juez González fue que rechazó pruebas y testigos que en una buena administración de justicia estaban fuera de ser ventilados, ya que no se trata de un proceso por supuesto desfalco o corrupción, como Zapete ha tratado de presentarlo para evadir la imputación por difamación.

A juzgar por la actitud de Zapete, ningún ciudadano tiene derecho a defender su imagen si es difamado y si tiene la entereza de hacerlo y lleva el caso a los tribunales, entonces los jueces tienen la obligación de favorecerlo porque se cree dueño único de la verdad. Ha quedado demostrado que no estamos ante un caso de violación la libertad de prensa, sino al derecho de los ciudadanos a defenderse de cualquier atropello a su buen nombre.