Comenzando noviembre, las cavilaciones son sobre la desprotección del sistema de justicia con las mujeres y las niñas, muchas de las cuales están escondiéndose por las amenazas de sus agresores denunciados y libres por obra y gracia de la justicia misma. No tienen tranquilidad y temen por su vida.

A más de 22 años de promulgada la Ley 24-97 y con el Proyecto de Ley que crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, introducido desde septiembre de 2018 a la Cámara de Diputados/as, por la Comisión de Equidad de Género, en nuestro país, aún se desconoce la magnitud del fenómeno.

En la realidad, el acceso en condiciones de igualdad, libre de prejuicios y estereotipos, y la protección a las mujeres, en cualquier etapa de su vida, de la violencia machista, no se efectúa y en el caso de la justicia como sistema, muchas veces se convierte en un arma de revictimización y de violencia institucional por la discriminación.

En nuestra organización de derecho penal, el Ministerio Público es el organismo del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad, y el Poder Judicial, decide sobre los conflictos entre las personas, físicas o morales, de acuerdo a la ley y de manera gratuita.

Para el primero, el M. Público, la violencia contra las mujeres siendo un tema forzosamente integrado a sus funciones, no tiene una formación uniforme acerca del fenómeno y se concentra más en las personas que sirven en la Unidades especiales para las víctimas en las que hay diferentes niveles de conocimiento y compromiso con ellas.

Para el Poder Judicial, la cosa está bastante peor, careciendo de un enfoque comprometido con estas víctimas mujeres, sin perspectiva de género, sin formación obligatoria ni definida y primando la posición personal frente al asunto, las decisiones en muchos casos, se convierten en el gran riesgo para las demandantes.

Actualmente, cada día más dominicanas denuncian por las redes estar en peligro por amenazas de muerte de parte sus agresores masculinos. No quieren morir y piden auxilio después de haber acudido a la justicia sin consecuencias. Un sistema indolente las convierte en foco de la violencia contra ellas. Vulnerables, piden auxilio.

Así las cosas, en nuestro país, ¿dónde queda la tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos de las mujeres que sobreviven a las violencias machistas?