Antes que someter una reforma tributaria, el Gobierno se ha decantado por un incremento a cuentagotas de la tarifa sobre diferentes servicios.

Las alzas comenzaron por los peajes con la pretendida justificación de destinar los recursos a un programa de mantenimiento vial.

El coro que de inmediato respaldó la decisión olvidó que con ese mismo propósito se había habilitado un porcentaje del impuesto a los carburantes.

Pero no bien habían pasado los efectos cuando se eliminó el subsidio de combustibles a las empresas del transporte. Si esa decisión fue respaldada, no así el incremento que se dispuso para la renovación de las placas de los vehículos.

Ahora, como si se tratara de una cadena, la Procuraduría General de la República ha elevado entre 100 y 1,170 pesos los precios de los servicios que ofrece a la población. Como las alzas parecen corresponderse con un programa para incrementar las recaudaciones sin necesidad de una nueva reforma tributaria, hay que estar preparados para más incrementos en el costo de los servicios públicos.