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En la medida que la campaña para las elecciones va tomando forma, los candidatos de todas las fuerzas se verán obligados a diferenciarse unos de otros pasando de las promesas genéricas a planes concretos y creíbles para convencer a la parte del electorado (aún si reducida) que le da importancia a ellas. Por ello, y en el espíritu de la época, deseo regalar algunas ideas para consideración de todos los candidatos, empezando por el recurrente tema de la independencia del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción administrativa.

Aunque el tema de la corrupción no luce tan relevante para el electorado, este ha sido central para la oposición, y en las circunstancias actuales puede ser explotable hasta por el candidato oficialista que desea mostrar ganas renovadas del sector que representa de hacer las cosas mejor.

Siendo francos, ninguna propuesta para combatir la corrupción es creíble si el principal actor llamado a investigar y combatirla responde, y su empleo depende, directamente de la cabeza del Poder Ejecutivo, la persona que pagaría el costo político de esas investigaciones. No hay ninguna razón para creer que el designado por un partido actúe distinto al designado por otro, la dinámica de costos y beneficios funciona de forma idéntica para todos.

Para sumar a la crisis de credibilidad de la persecución de la corrupción por un investigador imparcial, la forma de designar al Procurador General está constitucionalmente establecida para que sea un subalterno del Presidente, y cambiar eso como ya han propuesto muchos implica modificar la Constitución, lo que sería muy cuesta arriba viendo que la composición del Congreso próximo luce que quedará muy dividido.

Visto lo anterior me gusta la idea de dar una mirada al sistema de Brasil donde el equivalente al Procurador General es designado por el Poder Ejecutivo (lo que sería consistente con nuestra Constitución) de entre una terna elegida por fiscales de carrera, asegurando a su vez que el Procurador General sea un fiscal de carrera, brindando la mayor apariencia de independencia que nuestras instituciones y nuestra Constitución permiten.

Nuestra Constitución establece que el Procurador General es designado por el Presidente, lo que esta no dice es cómo el Presidente debe hacer esa designación salvo las condiciones indicadas en ella para ejercer el cargo, lo que le brinda al Presidente total discreción en la forma en que la realiza, pudiendo dejarla a una elección por parte de fiscales de carrera si así lo deseara.

Establecer un Consejo del Ministerio Público de transición para organizar elecciones para la designación de sus miembros y el mismo Procurador General a un proceso electoral de los fiscales de carrera, así como garantizar su inamovilidad por un período razonable es perfectamente posible con un acuerdo público, que aunque no cargaría con mucha fuerza legal sí tendría un golpe de efecto político.

Normalizar este proceso y marcar el precedente tenderá a empujar su inclusión en la Constitución cuando esa modificación sea posible, y dejaría una marca en la institucionalidad de nuestro país que podría sobrevivir décadas. Todo descansa en la voluntad política de no solo prometerlo, sino ejecutarlo.