La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores (Pro Consumidor) dijo que la ley que rige esa entidad es de orden público, por lo que debe ser acatada por todos los sectores, en lo que se refiere al depósito de los contratos de adhesión.

La licenciada Altagracia Paulino, en respuesta a un comunicado de las asociaciones de intermediación financiera, dijo que el objetivo de Pro Consumidor no es desacreditar a nadie, sino hacer que se cumpla con la ley.

Estimó que son las propias entidades de intermediación financiera las que ponen dudas sobre su accionar, al negarse a depositar por ante Pro Consumidor los contratos de adhesión.

Opinó que si la imagen de alguna de estas instituciones se deteriora, se debe a su negativa a depositar los contratos.

Aclaró que no son todas esas empresas las que se niega a depositar los contratos, ya que una parte importante de las mismas ya lo ha hecho.

Afirmó que la demanda de que se depositen los contratos de adhesión ante Pro Consumidor no es exclusiva a las instituciones de intermediación financiera, sino a todos los proveedores de servicios que los utilizan.

Citó el caso de las empresas de telecomunicaciones que ayer le comunicaron a esa entidad que procederán a depositar los contratos firmados con sus clientes.

Paulino, dijo a El Nacional que no tiene ningún tipo de apasionamiento en contra de las instituciones de intermediación financiera, sino que su propósito es hacer que se cumple con una ley de orden público a la que se tienen que someter todos los sectores.

La funcionaria emitió sus consideraciones al ser cuestionada sobre el comunicado conjunto de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) emitido hoy en el cual se pronunciaron en torno a lo que estiman la insistencia de Pro-Consumidor de exigirles el depósito directo de los contratos de adhesión, ahora mediante actos de intimación.

A juicio de las instituciones financieras, Pro-Consumidor persiste en desconocer un acuerdo interinstitucional suscrito con la Superintendencia de Bancos para evitar duplicidad en el registro de los contratos, haciendo caso omiso a sugerencias prácticas para superar el conflicto institucional que ha desarrollado.

Las entidades firmantes no entendemos la actitud de Pro-Consumidor a menos que su interés fuese el de situarse por encima de la Autoridad Monetaria y Financiera lo que no le concede ni la Constitución de la República ni las leyes, apuntaron.

Al señalar que los contratos de adhesión son documentos públicos que se encuentran disponibles en las páginas web de la Superintendencia de Bancos y de la ABA, indicaron que sólo basta un correo electrónico con el que Pro-Consumidor los solicite al organismo supervisor del sistema financiero o que los descargue de los señalados sitios, pues son de carácter público y de libre acceso. En un comunicado conjunto, manifestaron que desde 2006 la Superintendencia de Bancos instauró el sistema de registro de los contratos de adhesión, a raíz de la emisión, por parte de la Junta Monetaria, del Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros y sus instructivos correspondientes para su registro y la verificación de que no existan cláusulas abusivas.

Indicaron que no se oponen a que Pro Consumidor lleve un registro de los contratos de adhesión, pero indicaron que es preciso seguir el procedimiento.