Si desde finales de junio a la fecha no se ha avanzado siquiera un palmo en la investigación de los sobornos que habría pagado Odebrecht para la construcción de las plantas de Punta Catalina y otras siete obras, hay que olvidarse de que la justicia, a diferencia de otros países de la región sacudido por el mismo escándalo de corrupción, resplandecerá sobre el caso. Tras decisión de la Suprema Corte de Justicia de desapoderarse del primer expediente instrumentado contra los imputados con relación a los 92 millones distribuidos por el consorcio para la adjudicación de varios proyectos, se ha patentizado que sobre el caso no prosperará ni siquiera la injusticia. A menos que se quiera ser muy optimista, República Dominicana quedará como la única nación en que no hubo sanciones por las sobrevaluaciones y pagos ilícitos.

La Procuraduría General de la República hizo mucho ruido con el expediente contra el senador Tommy Galán, el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), Roberto Rodríguez, el empresario Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga. Sin embargo, por la evidente fragilidad del legajo, la corte suprema, para no verse compelida a libertar a los imputados, no encontró mejor salida que desglosar el caso. Galán será juzgado por la Segunda Sala Penal y el resto por un tribunal ordinario. En lo que se dilucidan los expedientes es posible que hayan pasado las elecciones e incluso que se cuente con nuevas autoridades.

Hay que recordar siempre a la defenestrada magistrada Miriam Germán, quien dijo que con las pruebas que sostenían la acusación ningún juez responsable podía condenar a los imputados. El Ministerio Público se conformó con un acuerdo de lenidad a través del cual Odebrecht resarcirá al Estado con 184 millones de dólares y proporcionará todas las informaciones que ayuden a esclarecer el escándalo. Esas informaciones, por lo visto, nunca se exigieron. Y todo para evitar que en el proceso pudieran aparecer nombres sonoros que amplificarían el escándalo.

En torno a los seudónimos para pagar 39.5 millones de dólares para las plantas a carbón y 15.9 para otras siete obras, es obvio el interés en dejar que el escándalo se diluya.

¿O acaso es posible que salvo el interrogatorio a tres personas, cuyos nombres aparecen en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, no se conozca de ninguna otra citación a ningún sospechoso? Al no aclararse los pagos ilícitos se deja en el aire la posibilidad de recuperar, en virtud del acuerdo con Odebrecht, nada menos que unos 110 millones de dólares. El réquiem por el escándalo hay que entonarlo.