La resaca de las votaciones no termina. En la entrega de certificados a los candidatos electos, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, declaró que “hubo hechos que permearon” las elecciones del 15 de mayo, pero que no revelaría, al menos por ahora, por la discrecionalidad que requiere la posición que ostenta.

Aunque no soltara prendas se puede colegir que con la afirmación Rosario busca sustentar la supuesta trama que atribuyó a la oposición contra un proceso que a decir de figuras como el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, quedó muy lejos de ser el “más organizado y transparente de la historia”.

Blanco Canto expresó que las votaciones habían marcado el colapso del sistema electoral, al tiempo de plantear la necesidad de una revolución institucional a través de reformas políticas fundamentales para fortalecer la democracia.

Al margen de las irregularidades denunciadas por la oposición, algunas documentadas, no es otro que ese presidente de la JCE el que se ocupó de revestir el proceso de ciertas incógnitas que, antes que despejar, prefiere callar. Lo ha hecho no solo sobre la acusación que formuló contra la oposición en una alocución a través de una cadena de radio y televisión, sino sobre la supuesta renuncia, un día antes, de tres mil técnicos que laborarían en el proceso.

Que rehúse revelar “información privilegiada” es una cosa, aunque se cuestione por su condición de funcionario público, y otra muy distinta crear falsas alarmas, como parece, para sustentar posiciones personales. Las incógnitas que ha dejado en el aire cuestionan esa fortaleza del sistema político que resaltó en su discurso y del que dijo que ha llegado a un punto de inflexión por la ausencia de una legislación.

Lejos de afrontar las consecuencias, Rosario, a quien el autoritarismo que exhibió antes, durante y después del proceso le ha pasado factura, prefiere pasar la página. Ya no se discute el fallo de los equipos electrónicos, aunque fuera en una mínima proporción, ni las irregularidades que documentaron observadores internacionales, sino, como dijo Blanco Canto, el “malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que ofrezca a la población la seguridad de que vive en un Estado de derecho”.

Rosario no cuidó ni las formas, pero quiere que lo haga el empresariado que ha reclamado reformas políticas, entre las que figuran una ley de partidos políticos y régimen electoral, alegando que a los legisladores se les debe respetar su autonomía. Sin embargo, al invocar el respeto debería predicar con el ejemplo detallando, el caso de los técnicos que habrían renunciado, la supuesta conspiración de la oposición y los hechos que permearon la jornada electoral.