La empresa brasileña Embraer admitió que pagó 3.52 millones de dólares a un oficial militar dominicano para asegurar la compra de aviones Súper Tucano, lo que deja claro que en la adquisición de esas aeronaves hubo prevaricación, lo que obliga habilitar todos los resortes de la Justicia para esclarecer este escándalo.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, ha dicho que ante el denunciado ilícito penal se encamina una investigación “de forma seria, cautelosa y guardando el debido proceso”, un compromiso ineludible que no admite disimulo ni irreverencia procesal.

La empresa aeronáutica brasileña Embraer accedió al pago de una multa de 107 millones de dólares y devolvió otros 97 millones de dólares en Estados Unidos para librarse de una acusación de violación a la ley sobre prácticas corruptas extranjeras. Lo que allá se resolvió con dinero, aquí debe castigarse con cárcel.

Las operaciones de sobornos o prácticas corruptas para hacer negocios, admitidas por Embraer, incluyeron además de República Dominicana, a Arabia Saudí, Mozambique y la India, donde “se pagaron sobornos a funcionarios oficiales, y falsificaron libros y registros”.

El Ministerio Público está compelido a encaminar una investigación sin aspavientos, pero con la resolución de identificar a todos y cada uno de los involucrados en este bochornoso caso, sean quienes sean, para que la justicia los juzgue y, en virtud de las pruebas y evidencias, inflija una condena ejemplar.

El soborno es una práctica ilícita añeja que se practica en muchos estamentos de la administración pública a instancia de funcionarios, empleados o por propia gestión de particulares que reparten dinero a cambio de privilegios o ventajas. El caso de los Tucano debe servir de referencia y ejemplo para afrontar esta consabida modalidad de prevaricación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos relata que en 2008, Embraer pagó US$3.52 millones “a un oficial de República Dominicana a través de un contrato de representación falsa”, para garantizar la compra de ocho aviones militares por valor de 92 millones de dólares. Urge identificar a ese “oficial o funcionario” y a sus cómplices.

Sin que se levanten carpas circenses, ni que merodeen buitres políticos, la sociedad dominicana reclama y merece que Ministerio Público y Justicia actúen de manera diligente, sin apartarse del debido proceso, para que los responsables de este escándalo vayan a parar con sus huesos a la cárcel.