El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (PGASE), magistrado Moisés Ferrer, respaldó las críticas emitidas por el Procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Velez, contra una jueza de instrucción de esa jurisdición.

Fernández Velez denunció que la jueza Camila Reyes Soto puso en libertad a tres personas acusadas de robar los cables metálicos del puente sobre el río El Cajuilito que une a Haina con San Cristóbal.

En ese sentido, el magistrado Ferrer advirtió que uno de los imputados (Francisco Ramón Romero) es dueño de una metalera ubicada en Haina, que se dedica a comprar cables del tendido eléctrico.

El Procurador Adjunto afirmó que es inaceptable actuación está establecida como un delito en el artículo 124 de la Ley General de Electricidad.

«Ese ilícito constituye un atentado contra el sistema eléctrico nacional y en consecuencia debe ser sancionado drásticamente», dijo Ferrer.

Comentó que los imputados, en caso de ser hallados culpables, pueden ser castigados con reclusión de hasta 10 años de cárcel.

Explicó que por el delito fue necesario cerrar el puente El Cajuilito y desviar el tránsito hacia la autopista 6 de Noviembre para evitar pérdidas de vidas.

El robo de los rolos metálicos provocó que la parte central del puente El Cajuilito colapsara, porque la estructura fue dejada prácticamente sin soporte. En una línea en la que la iban cinco rolos los ladrones se llevaron cuatro.