Una evidencia de primera categoría de la solidez de una democracia es la fortaleza de sus instituciones. En ese sentido, la persona que encabece la dirección de las mismas, asume un rol secundario, porque ellas disponen de una dinámica de funcionamiento que les permite prescindir de personajes con un perfil específico. De ahí que, lejos de ser un factor de riesgo, el reciclaje constante, sistemático, de las cabecillas de los organismos, no hace más que ratificar su reciedumbre e inyectarles nuevas ideas y energías en su cotidianidad.

La historia dominicana es un reflejo de lo contrario. Muestra el influjo pernicioso del autoritarismo, del caudillismo, del mesianismo y de la conducción personalizada de un Estado que, por esa causa, ha vivido en un círculo vicioso que aniquila sus posibilidades de desarrollar sus instituciones, porque todo se ha hecho girar, con premeditación, en torno a figuras que, cada una en su oportunidad, han sido consideradas imprescindibles.

Ese fenómeno terrible no se ha circunscrito a la persona que encabece el Poder Ejecutivo, por el contrario, ese modelo castrante de la consolidación democrática, se ha replicado como cascada en todo el organigrama público, generando, de esa forma, un esquema encabezado por un cacique mayor y seguido por una multiplicidad de caciquitos que son auténticas encarnaciones de dioses todopoderosos en sus demarcaciones.

Sólo un desconocedor o un aprovechado de esa realidad, podría negar el daño que la misma le ha infligido a una democracia que, como la dominicana, pese al tiempo dilatado de su instauración formal, continúa dando tumbos y evidenciando su ineptitud para vestir pantalones largos y dejar de depender, hasta para actos de elemental simplicidad, de la orden iluminada de los únicos reconocidos como detentadores de la clave de su activación.

Las normativas constitucional y legal dominicanas deben ser profundizadas y adecuadas en el sentido de colocarlas al servicio de una mayor dinamización en la rotación de las posiciones dirigenciales del aparato público, empezando por el primer mandatario de la nación y continuando por todos los cargos trascendentes de los tres poderes.

La edad constituye un instrumento, no el único ni el principal, pero recurso al fin y al cabo, para alcanzar ese propósito, lo cual, jamás puede valorarse como un factor mutilador de derechos ni violatorio del principio de igualdad constitucionalmente consagrado. Se trata de una de las reglas de organización y funcionamiento a las cuales puede recurrir toda sociedad bien estructurada.