Las muertes en asaltos para despojar a las víctimas de celulares han permitido a las autoridades detectar la facilidad con que, a través de un aparato, se cambian los números de los teléfonos, impidiendo que puedan ser rastreados. Pero la explicación ofrecida por el encargado de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, John Henry Reynoso, no es una excusa para no perseguir la práctica.
Porque las autoridades pueden perfectamente reglamentar los cientos de talleres que se dedican a la reparación y desbloqueo de los teléfonos celulares, o, como ha anunciado el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), exigir más controles a las compañías que prestan el servicio.
Nadie que no tenga relación con el negocio va a adquirir la cajita que según Reynoso se utiliza para borrar los números y desbloquear celulares. Hay que reforzar la vigilancia para evitar que por un simple aparato telefónico se quite la vida a una persona, como ocurrió con un ingeniero agrónomo y un estudiante en Santiago y un deportista en San Cristóbal.
El Nacional
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