El Banco Mundial (BM) aprobó sendos préstamos a República Dominicana, uno por 400 millones de dólares para el sector eléctrico, y otro por cien millones dirigido a mejorar la eficiencia en la prestación de servicio social a población vulnerable, noticias con las cuales no se sabe si reír o llorar.

La deuda del sector público no financiero ascendió a marzo de 2023 a US$54,942.9 millones, pero si se agrega la endosada al sector financiero se incrementa hasta 74,071 millones de dólares, un monto que este año genera un servicio de pago de intereses y de amortización de capital cercano al 26 % del Presupuesto General del Estado.

No se niega que esos créditos provienen de una institución multilateral como lo es el BM, y que el Gobierno tendría razones de sobra para contratarlos, pero en algún momento esta carrera de endeudamiento debe detenerse o al menos ralentizarse.

El lenguaje empleado por el acreedor embadurna de rosado una deuda sobre la cual las autoridades no han probado su condición de redituable, aunque se dice que los recursos se emplearían para “apoyar las medidas del Gobierno orientadas a ampliar la transparencia en la rendición de cuentas y la eficiencia en el sector energético”.

Se afirma que el préstamo por US$400 millones sería destinado a aumentar el acceso a energía confiable y asequible, y a promover la transición a fuentes de energía menos contaminantes con bajas emisiones de carbono, aunque se trata del segundo crédito de este tipo, sin que se noten cambios significativos en el subsector eléctrico.

El otro empréstito, por US$100 millones, estaría destinado a promover la inclusión económica con un enfoque en los jóvenes y hogares encabezados por mujeres, así como para aumentar “la resiliencia de la población vulnerable”, sin que se garantice que ayudaría a disminuir aun sea mínimamente los altos niveles de inequidad social y económica.

Gobierno y Congreso deberían tomar en cuenta que la deuda pública consolidada alcanza ya el umbral del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que urge que se apruebe y aplique una ley que permita liberar al Banco Central de un pasivo generado principalmente por la crisis bancaria de 2002, así como contener el ímpetu del endeudamiento alegre e irreflexivo.

Quiérase o no, República Dominicana lidia hoy con una deuda pública global que supera los 74 mil millones de dólares o el 60 % del PIB, que para este año representa un gasto en intereses del 26 % como porcentaje de los ingresos tributarios, por lo que es preciso advertir que ese camino conduce al despeñadero.