Una investigación del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) reveló que el 97 por ciento del salami que se produce en el país no contiene el nivel de proteína requerido y que un 15 por ciento de la muestra analizada presentó coliformes fecales, por lo que se ha señalado que ese producto carece de nivel proteico y algunas marcas podrían causar daño a la salud.

El estudio arroja además que la mayoría de las empresas que elaboran salami no declaran el peso del producto, fecha de vencimiento, registro sanitario ni se especifica el tipo de carne usado en su elaboración, entre otras violaciones sanitarias y a normas relacionadas con el control de calidad.

Es obvio que se trata de una denuncia gravísima que se refiere a un artículo de gran consumo que según Pro Consumidor, el tipo de salami que se elabora en muchas fábricas representa un peligro para la salud por su alto contenido de levadura y nitrato de sodio, además de una baja proporción de carne.

La muestra abarcó a 22 embutidoras del Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago, Barahona y San Francisco de Macorís, por lo que se reputa como representativa del mercado consumidor y del conjunto de empresas que se dedican a la elaboración de ese alimento.

Al resaltar el valor y la pertinencia de esa iniciativa de determinar mediante investigación de laboratorio la calidad y sanidad de un artículo de consumo masivo, se requiere ahora que Pro Consumidor revele los nombres de las empresas o personas físicas que incurren en ese tipo de estafa, fraude o engaño a la población.

Lo menos que se espera de las autoridades competentes es que notifiquen a esos establecimientos sobre tan irregular hallazgo y si fuere de lugar se proceda al cierre de esas fábricas y el sometimiento de sus propietarios o manejadores a los tribunales de la República, bajo la acusación de atentar contra la salud de los consumidores.

Duele saber que la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) reconozca su incapacidad para intervenir ante la denuncia de Pro Consumidor bajo el infeliz alegato de que se carece de una normativa legal para poder afrontar esa situación, lo que sería algo así como obligar a la gente a consumir un producto que carece de nivel proteico y que contiene elementos que causan enfermedades.

En vez de censurar la divulgación de ese informe sobre la pésima calidad del salami que consume la población, el ministro de Salud Pública, doctor Bautista Rojas Gómez, ha debido disponer de inmediato medidas para corregir la situación y garantizar la salud de los consumidores. El colmo sería que propias autoridades intenten lapidar a Pro Consumidor por revelar una fatídica verdad.