Por Juan Taveras Hernandez
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La salud del pueblo es la prioridad, no las elecciones”, dicen el Gobierno y sus voceros, ante el anuncio de la Junta Central Electoral que las fija para el 5 de julio venidero.

“Mientras haya un dominicano con coronavirus, aquí no se puede hablar de elecciones”, (nunca) afirman “abogados” expertos en derecho constitucional, políticos, periodistas, comunicadores y hasta doctores en medicina, la mayoría pertenecientes o simpatizantes –por diversas razones- al Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno que encabeza Danilo Medina.

“Es una locura, una insensatez, una falta de sentido común y de conciencia ciudadana, tan solo pensar en elecciones con este problema de salud”, escuché a un comentarista reputado decir.

La verdad es que tras las elecciones municipales ganadas por la oposición, principalmente por el Partido Revolucionario Moderno, el Gobierno y sus cómplices en la aventura continuista le tienen miedo a la voluntad popular que se expresará en las urnas, como “el diablo a la cruz”. No quieren elecciones en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El coronavirus es una excusa.

El Gobierno no tomó medidas a tiempo, drásticas, ni elaboró un plan nacional para combatir la pandemia, ni ofreció los recursos económicos y los medicamentos necesarios para que la crisis humanitaria se extendiera en el tiempo para tener un pretexto que anulara los comicios que no podía sabotear ni suspender como lo hizo con las municipales.

Se trata de un plan elaborado con anticipación por las mentes del márquetin político más aberrantes y desquiciadas que puedan existir.

La corriente de opinión pública producida a través de la prensa escrita, radial, televisada y las redes sociales, en contra de las elecciones, no puede ser mayor. El Gobierno tiene una fuerza increíble en muchos medios, tanto es así, que las múltiples denuncias de corrupción alrededor de la pandemia no han generado escándalos mayúsculos. Rápidamente se olvidan o simplemente no se publican.

Un espectáculo de robo, estafa, sobrevaluación, prevaricación, a plena luz del día, es sustituido por otro asombrosamente. La publicidad millonaria del Estado, los contratos diversos, las exenciones fiscales que sobrepasan los 250 mil millones de pesos al año, entre otros privilegios, produce una autocensura, obvia, que puede notarse en la falta de contenido, de sentido crítico en las informaciones, comentarios, análisis, y editoriales.

De repente el Gobierno y sus bocinas jurídicas, económicas, científicas, comunicacionales, etc., descubren que “la salud del pueblo dominicano es la prioridad, no las elecciones” que tienen perdidas. Pero, ¿desde cuándo la salud de los dominicanos ha sido prioridad en el país?