El retorno gradual a la nueva normalidad puede ser el momento oportuno para que el Gobierno diseñe y aplique un programa de sostenido impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, hoy en virtual riesgo de extinción por los efectos económicos del coronavirus.

La Federación Nacional de Empresarios y Comerciantes (Fenacerd) calcula en un millón 500 mil las mipymes que operan en el país antes de la covid-19, la mayoría de las cuales carecen de capacidad financiera para afrontar el cúmulo de deuda que las agobia desde antes de la pandemia.

Más del 60% de esas unidades productivas no están bancarizadas o carecen de formalidad fiscal, por lo que sus créditos provienen del mercado informal o de la usura, con altas tasas de interés, además de cargas fijas por pagos de locales, electricidad, teléfono y otros servicios indispensables.

El presidente Danilo Medina anunció que el Banco Central dispondría de 125 mil millones de pesos que la banca colocaría en créditos a baja tasa de interés en favor de las mipymes, pero resulta que la mayor parte de esos establecimientos carecen de formalidad financiera, por lo que quedarían excluidos de esos recursos.

Se requiere, pues, que el Ministerio de Industria y Comercio, autoridades monetarias, Dirección de Impuestos Internos (DGII) y banca comercial aúnen esfuerzos en el diseño de un programa de formalización y educación financiera dirigido a esos establecimientos para que puedan acceder a fondos bancarios y mutualistas.

Si a consecuencia de los efectos económicos de la covid-19 la mitad de las mipymes no logran sobrevivir, en términos reales se perderían más de 600 mil empleos informales, cuadro desolador que el Gobierno debería evitar a toda costa.

Los puestos de trabajo más rápidos y baratos se crean en pequeñas y medianas empresas, pero son también los más vulnerables porque la supervivencia de la mayoría de esos negocios depende del estado de ánimo de un usurero o de una tarjeta de crédito personal del emprendedor.

Todas las agencias oficiales relacionadas con emprendimiento, crédito, fiscalidad, facilidades laborales y de seguridad social, así como las entidades de intermediación financiera deberían aunar esfuerzos y acudir en ayuda o salvamento de las mipymes, fuentes primigenias de empleo, crecimiento y gobernanza.