El jueves pasado en la noche, la fiscalía de Santiago, junto a miembros de la Dirección de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía (DICAT) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), desmantelaron la empresa llamada Dominican Republic Venture, un centro de servicio de pornografía por Internet que operaba en el centro de la ciudad, arrestando a las personas propietarias, a 16 mujeres y cinco hombres jóvenes que aparentemente, eran las empleadas/os.

La operación, fue la culminación de una serie de denuncias públicas por la distribución de volantes motivadores, solicitando jóvenes atractivas, mayores de edad, para trabajar con tentadores salarios y mejores ganancias de horas extras, distribuidos en las puertas de las universidades, que despertaron mayor inquietud en las actividades de Carnaval.

Para quienes vivimos en Santiago por más de cuarenta años, al margen de la nostalgia de una ciudad que se despertaba tempranito con el pregón de las marchantas, donde el trabajo de las mujeres era emblemático y el pueblo era un vecindario en el que nos reconocíamos y respetábamos, las noticias de violencia nos afligen y atribulan, aún reconociendo que estos crímenes son inevitables.

El intercambio de servicios sexuales por paga, ejercido en ese antro de la avenida Las Carreras, al parecer agravado por la explotación con las servidoras, encontrará en los próximos días las posiciones antagónicas de la sociedad dominicana que, como otras, reflexiona desde la doble moral en que nos ha acostumbrado a vivir. Una ambivalencia que ahora se justificará en la pantalla y alegará, que no se toca, manipula e intercambian fluidos, en alusión a que todo se hace detrás de una cámara.

Esperemos que estos alegatos no traigan la tradicional impunidad al ánimo de quienes juzguen y que tampoco se ensañen con las servidoras y servidores que, producto de la miseria material y humana en que vivimos, se dejan deslumbrar por negociantes del sexo, que sí deben pagar el desacato de las actividades comerciales del sexo que generalmente incluyen el proxenetismo, la trata de personas, extorsión, esclavitud y sus asquerosos derivados, la pedofilia y el tráfico de niños.

El estadounidense, la colombiana y quienes estén en la cabeza de la empresa, dice la ley penal, son proxenetas porque ayudan, asisten, encubren, contratan y reciben beneficios, del trabajo sexual de infelices que, encima de un colchón, con sofisticados aparatos y frente a una cámara, muestran la cara y otras partes del cuerpo- surrealista de la pobreza.

¡Y después dicen las autoridades que administran el pobre Estado dominicano, que el 4% para educación no es importante!