Después dar tumbos en diferentes comisiones por más de cuatro años en la Cámara de Diputados, perimió la nueva ley de Código Penal, observada por el Poder Ejecutivo el 23 de agosto del 2006.

Esa iniciativa de las bancadas peledeísta, perredeísta y reformista, quedó sin efecto al pasarle dos legislaturas ordinarias sin ser conocida.

Establecía el cúmulo de penas por la comisión de delitos, elevaba a 40 años de prisión la pena máxima y endurecía las penas contra el narcotráfico y secuestro.

Las leyes observadas no caducaban en su conocimiento por parte del Congreso Nacional, pero ese aspecto fue modificado en la nueva Carta Sustantiva proclamada el 26 de enero del 2010.

La Constitución establece en su artículo 103 referente a los plazos para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo que: toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidirla, de lo contrario se considerará aceptada la observación.

El Poder Ejecutivo devólvió la referida ley a la Cámara Baja pidiendo que sea rediscutida, debido a las objeciones de diferentes sectores nacionales.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) fue quien más objetó el nuevo Código Penal, argumentando que establecía prisión y multa para cualquier galeno que pudiese equivocarse en el tratamiento de una enfermedad a un paciente.

El CMD amenazó con paralizar los hospitales si esta ley era promulgada por el Poder Ejecutivo.

El ex diputado de la Fuerza Nacional Progresista, licenciado Ricardo Taveras, quien hasta el 16 de agosto presidió la última comisión especial encargada de rendir un informe sobre la pieza, en pocas oportunidades pudo reunir a los integrantes de ese organismo.

Con la elección del nuevo Congreso Nacional, ese Código Penal quedó en el limbo.

De los 178 diputados que tenía la Cámara Baja, fueron reelectos unos 90. Eso significa que más de la mitad de los nuevos legisladores electos el 16 de mayo no conocían esa iniciativa.

El presidente de los diputados, licenciado Abel Martínez, y su antecesor, licenciado Julio César Valentín, trataron de que las observaciones fueran conocidas antes de concluir el 2010.