Cuando el pasado 6 de marzo fue realizada en Bogotá una marcha denominada Homenaje Nacional a las Víctimas del Paramilitarismo, la Parapolítica y los Crímenes de Estado, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria fundamentó el rechazo a la misma argumentando que se trataba de una actividad organizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y definiendo a los paramilitares como grupos en proceso de desmovilización. El presidente Álvaro Uribe Vélez se negó a rectificar lo dicho por Gaviria. Y así tenía que ser, puesto que Uribe mismo ha tenido fricciones con jueces y fiscales en el intento de que los crímenes de los paramilitares sean considerados delitos menores.

Ahora, ante la denuncia de que casi todos los paramilitares desmovilizados en realidad forman parte de ejércitos paralelos al servicio de actividades delictivas, el Gobierno hace el ensayo de no responder, y ante la comprobada participación de oficiales de los cuerpos armados en hechos calificados sin discusión como masacres, pide perdón ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Bipolaridad política? No, decisión de acallar los escándalos dejando todo igual.

El pasado miércoles, en el escenario creado para el Examen Periódico Universal, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el vicepresidente Francisco Santos calificó como una vergüenza para el Estado colombiano la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en la muerte de personas no combatientes y pidió perdón a los familiares de las víctimas, asegurando que ninguno de los casos quedará en la impunidad.

Vale recordar que la marcha del 6 de marzo, convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, con Iván Cepeda Castro a la cabeza, fue en demanda de castigo a los crímenes cometidos por los paramilitares. Cepeda Castro es hijo del asesinado senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas. Cientos de miembros de la Unión Patriótica han sido asesinados por los grupos paramilitares en los últimos 20 años. Entre los años 2002 y 2006, durante el primer gobierno de Uribe, fueron asesinados 136.

Cepeda Castro se adhirió a la corriente centrista de rechazar el apoyo de las FARC a la marcha del 6 de marzo, pero tuvo que expresar su crítica al Gobierno por no haber rechazado el apoyo de los paramilitares a una jornada en rechazo a las FARC convocada por el mismo gobierno.

Obviamente, los recientes escándalos han determinado la posición del Gobierno de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos.

El mes pasado, el comandante del Ejército, Mario Montoya renunció debido al escándalo que produjo el asesinato de 23 jóvenes, presentados por los militares como muertos en combate. Dentro y fuera de Colombia, el hecho generó un gran escándalo. El presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, responsabilizó también al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, de quien, dijo, también debería renunciar, dado que en los últimos 5 años 1,122 civiles han sido muertos y posteriormente presentados como combatientes. Cifras del gobierno de Uribe, sin duda.

En el año 2006, el senador Gustavo Petro organizó un debate sobre los llamados falsos positivos, que son esos civiles asesinados y presentados como combatientes, casi siempre para decir que son bajas sufridas por las FARC.

En el Consejo de Derechos Humanos, el debate debería llegar más lejos. Es preciso demandar mayor rigor en la discusión de este tipo de problemas.

Debería discutirse, por ejemplo, por qué, el Gobierno de Estados Unidos, conociendo esas prácticas, se empeña en presentar el esquema represivo de Colombia como modelo para los demás Estados. El propio Montoya visitó República Dominicana poco antes de renunciar, honrando su compromiso como cuadro del sistema y como hombre de confianza de Uribe.

¿Por qué se copia aquí y en otros países ese modelo? En Colombia es Seguridad Democrática con falsos positivos y aquí con ejecuciones extrajudiciales y mutilaciones de jóvenes por la Policía. ¿Con qué derecho se nos impone el autoritarismo de ultraderecha? El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no debe seguir ignorando esta realidad.