La poderosa y extendida banda de falsificadores de títulos de propiedad que operaba en el corazón mismo de la Jurisdicción Inmobiliaria comprueba que en República Dominicana prevalece un precario estado de seguridad jurídica predial.
El procurador general, doctor Radhamés Jiménes Peña, admite que aquí no hay garantía inmobiliaria como lo demuestra el hecho de que la detectada mafia inmobiliaria, que perpetró estafas por decenas de millones de pesos, estaba integrada por un teniente coronel de la Policía, un auditor de la Suprema Corte de Justicia, empleados de esa institución y abogados.
El presidente de la Suprema Corte, doctor Jorge Subero Isa, reveló que el caso se investigaba desde hace cinco meses, cuando su despacho fue enterado de que al interior de la Jurisdicción Inmobiliaria operaba una banda de falsificadores.
Se sabe también que esa mafia posee ramificaciones o réplicas en otras jurisdicciones inmobiliarias donde se expiden títulos falsos para despojar de propiedades turísticas, agrícolas o de vocación urbanística a legítimos propietarios.
La Suprema Corte y el Ministerio Público han unificado esfuerzos para tratar de extirpar un mal que se ha extendido por todo el territorio nacional, donde la propiedad privada ha quedado en grave estado de vulnerabilidad.
La desmantelada banda de falsificadores obró con tanto poder que incluso sus integrantes lograron falsificar decretos del Poder Ejecutivo, según la acusación de la Fiscalía.
Embajadores e inversionistas habían denunciado la existencia de tales mafias, pero muchos funcionarios se encargaban de desmentir la especie sin procurar las indagatorias de lugar.
Hoy, a causa del descubrimiento de una banda que operaba en el mismo seno de la Jurisdicción Inmobiliaria, las autoridades admiten que la seguridad juridica predial está enferma de incertidumbre.
Queda ahora extirpar ese cáncer que pone en grave peligro la inversión extranjera turística e inmobiliaria.
El Nacional
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