La sentencia del Tribunal Constitucional No. 168/13 que declara extranjeros a los hijos de indocumentados desde 1929 constituye un mayúsculo retroceso en el estado de derecho y el principio de legalidad en el que debe vivir la República Dominicana. Es una demostración más del deterioro progresivo de la democracia. Aplicar retroactivamente una disposición contenida en la Constitución de 2010 es violentar uno de los principios cardinales de la seguridad jurídica que debe garantizar la propia Carta Sustantiva. Y es más grave, cuando ninguna otra Constitución dominicana desde 1844 hasta 2010 consagra el principio que pretende ahora aplicar el Tribunal Constitucional.

Mal pudiera pensarse que los únicos afectados por esa decisión son los hijos de indocumentados. Al contrario, esa decisión afecta a toda la ciudadanía, pues en el día de mañana, ya sea en materia impositiva, o en el ámbito de la regulación de los servicios públicos, un tribunal, sobre la base del precedente ya creado por el TC, pudiese aplicar retroactivamente una disposición, violentando una norma que ha sido el eje de inversiones cuantiosas en el país, y por lo tanto, del desarrollo del país.

Por otro lado, la sentencia del TC tiene un impacto en lo político, económico y social, y también ahonda el drama humano que vive nuestra sociedad agobiada de tantos problemas. En lo político, aleja más la posibilidad de lograr un consenso sobre temas migratorios. En lo económico, cientos de miles de familias no contribuirán más en el mercado formal. En lo social, promueve la exclusión social. Y en lo humano, nada peor que retirarle los documentos que declaran la nacionalidad a una persona nacida en el territorio nacional. Es el destierro dentro de su propio país.

por: Orlando Jorge Mera