Es a la Junta Central Electoral (JCE), no a los partidos políticos, que corresponde prohibir o impedir cualquier transgresión a la ley antes y durante el proceso de votación, para lo cual cuenta con el concurso de la Policía Electoral, lo que incluye evitar la instalación de carpas dentro o cerca de colegios electorales.

La ley electoral prohíbe a candidatos, partidos o particulares comprar o vender cédulas o gestionar voluntades de los electores a cambio de dinero, lo mismo que improvisar centros de distribución o promoción de candidaturas en recintos de votaciones.

A los partidos políticos les corresponde reclamar de la JCE que haga prevalecer el estatuto electoral en el día de las votaciones y durante el conteo de los sufragios, pero ningún líder o candidato tiene potestad para instruir a sus militantes a que apliquen la ley por propias manos.

El pleno de la JCE debería advertir que se cumplirá a pie de letra la ley 20-23 que contempla sanción de uno a tres años a quienes incurran en delitos electorales, incluidos a los que compran cédulas y a los que las venden, lo mismo para funcionarios que utilizan recursos del Estado en campaña electoral.

En vez de “instruir” a la militancia de sus partidos para que derriben carpas que se instalen dentro o en cercanía de colegios electorales, la sensatez aconseja que líderes y partidos exijan a la JCE que lo impida, porque el otro remedio generaría violencia.

Se supone que los funcionarios electorales tomaron notas sobre falencias o irregularidades enumeradas en sus informes por las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Participación Ciudadana, por lo que seguramente aplicarían correctivos preventivos.

No hay razones, pues, para que ningún partido o dirigente de litorales oficiales o de oposición instruyan, anuncien o amenacen con aplicar medidas de fuerza el día de las elecciones para impedir violaciones a la ley electoral, lo que sólo corresponde evitar y sancionar a la JCE y al fiscal electoral.

Lo mejor sería que Gobierno, oposición y propios electores asuman conciencia y compromiso de coadyuvar con la JCE a la celebración de elecciones libres, transparentes y concurridas, ausentes de denuncias sobre compras de cédulas o de adhesiones, pero también de amenazas sobre uso de la violencia.