No hay que ser erudito en derecho internacional para definir como una agresión a la soberanía nacional la pretensión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de invalidar una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y arrogarse autoridad para imponer al país sus designios en torno al derecho a la nacionalidad.

El TC declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la CIDH, porque desde esa jurisdicción se intenta inhabilitar una sentencia previa que en relación a la nacionalidad otorga jerarquía mayor al ‘jus sanguinis’ (derecho de sangre) sobre el ‘jus solis’ (derecho de tierra).

Es obvio que si no reconoce competencia al CIDH para estatuir sobre la institución jurídica relacionada con la nacionalidad, el Estado dominicano no tenía razones para estar representado en una audiencia cuya competencia no reconoce y menos aún asumir obediencia a mandatos emanados de esa jurisdicción.

Resulta absolutamente inaceptable el señalamiento de esa corte de que el Tribunal Constitucional creó un ambiente de inseguridad jurídica al emitir la decisión del 14 de noviembre de 2014, que le niega competencia para condenar a República Dominicana en lo relacionado con el derecho a la nacionalidad.

Esa corte ha considerado como “una afrenta” la ausencia del Estado dominicano en la audiencia del 8 de febrero de 2019, hecho en que, dice, solo han incurrido el país y Nicaragua, lo que se asume como amenaza o intento de intimidación que se rechaza con todo vigor.

El TC ha ordenado al Estado regularizar la situación de los hijos de extranjeros indocumentados, que en virtud de la Constitución no poseen la nacionalidad dominicana, mandato que los poderes vinculantes han cumplido al pie de la letra, por lo que no se ha incurrido en ninguna forma de apatridia ni vulnerado algún derecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia ni autoridad para obligar a República Dominicana a aceptar grosera intromisión o violación rampante al principio de soberanía nacional, por lo que ha hecho bien el TC en negarle competencia para estatuir sobre el derecho a nacionalidad.

Ante esta nueva amenaza de una corte con ínfula imperial, el Estado dominicano reivindica su condición de nación libre, soberana, democrática y respetuosa de los derechos ciudadanos, que respeta y hace respetar su Constitución política y las sentencias y resoluciones que emanen de sus legítimas instituciones jurisdiccionales