La historia vuelve a repetirse. Mientras el gobierno de Luis Abinader abre las puertas de la base aérea de San Isidro para operaciones militares extranjeras, el pueblo dominicano observa con rabia contenida cómo, otra vez, decisiones que comprometen la soberanía se toman sin consultar al país. Aquí cambian los gobiernos, cambian los discursos, cambian los eufemismos… pero el guion imperial se mantiene.

Hoy el gobierno lo llama «autorización temporal para operaciones logísticas», una frase tan lavada que casi da risa. Pero el olor es el mismo de siempre: el olor a tutela extranjera, a territorio prestado para intereses ajenos, a soberanía convertida en trámite burocrático.

Porque aquí no hablamos de un simple aterrizaje técnico ni de un tanque de combustible. Hablamos de un principio sagrado: no puede haber operaciones militares extranjeras dentro del territorio nacional sin control pleno del Estado dominicano, sin supervisión democrática y mucho menos sin un Congreso que apruebe o rechace lo que corresponde por Constitución. Eso, en un país que recuerda 1916 y 1965, debería ser terreno prohibido.

El gobierno intenta cubrirse citando acuerdos firmados en 1995 y ampliados en 2003. Y es cierto que esos documentos existen. Pero también es cierto —y el gobierno lo sabe— que esos acuerdos jamás han sido debatidos abiertamente por el país, que su constitucionalidad es cuestionable, y que un permiso administrativo no puede reemplazar un mandato constitucional.

Son, en el fondo, papeles útiles para justificar lo que no se quiere discutir de frente: la entrada de una potencia militar a infraestructuras estratégicas dominicanas. El peligro no está solo en lo que se firma, sino en lo que se permite.

Las autoridades repiten que el permiso es «temporal», «técnico», «logístico», «no militar». Palabras bonitas. Pero la historia internacional está llena de ejemplos donde esas mismas palabras fueron el umbral de algo mucho más grande, más largo y más difícil de revertir.

Ahí está Guantánamo: un arrendamiento «legal» convertido en una base permanente usada incluso para fines jamás imaginados en 1903.

Ahí está Diego García, en el archipiélago de Chagos: un acuerdo entre Estados poderosos que terminó con una población entera expulsada de su territorio y con la creación de una instalación militar clave para operaciones globales.

Ahí está Manas, en Kirguistán: empezó como un punto log.

Por: Felipe Lora Longo
Felipe@lora.org