Sobre la misma sentencia

En su recurso de revisión constitucional, el PRD, sin suficiente rigor lógico en la formulación de lo que calificó como violaciones constitucionales, hizo una exposición sobrecargada de adjetivos para descalificar a la Novena Sala Penal como tribunal competente para conocer la acción de amparo de Geanilda Vásquez. Se sostuvo que hubo violación al derecho al juez natural, especie que terminó acogiendo el TC en un fallo complaciente. Doctrina y jurisprudencia constitucionales coinciden en que este derecho persigue, por un lado, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional o por una comisión instituida ex profeso para desempeñar las funciones jurisdiccionales, y por el otro, que la competencia del tribunal apoderado esté determinada por la ley con anterioridad al inicio del proceso.

La Novena Sala Penal no se encontraba en parecida situación, por lo que la tesis del juez natural no respondía a razonamientos jurídicos correctos. Como expliqué la semana pasada, la pauta para fijar la competencia de atribución en materia de amparo debe atender al derecho fundamental pretendidamente violado. En su acción de amparo, Geanilda expuso que en el juicio disciplinario que se le siguió se le vulneraron garantías conformantes del debido proceso. Por ejemplo, la acusación no individualizó el hecho constitutivo de la falta atribuida, omisión que la colocó en estado de indefensión. Por igual, el órgano sancionador, excediéndose del marco de su apoderamiento y triturando el principio de inmutabilidad procesal, la declaró culpable de violar normas estatutarias que el PRD no le imputó, y por tanto, de las que ella no tuvo oportunidad de defenderse.

¿Se inscriben esos derechos dentro del marco atributivo del TSE? Claro que no. Insisto en que la aproximación del derecho fundamental que se alega violado es lo determinante, por lo que a todas luces fue un desatino del TC, constitutivo de un lastimoso precedente, reconocerle a la jurisdicción electoral, con exclusión de los tribunales judiciales de derecho común.