El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Joaquín Ricardo, rechazó que los 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, en el período 1966-78 puedan ser añadidos a la Era de Trujillo, porque fue una dictadura donde se violaron los derechos constitucionales, tal como denunciaron los directivos de la Fundación 30 de Mayo.

Según el licenciado Ricardo, los proponentes de tales declaraciones incurren en una falta aberrante a la verdad histórica y hacen una desafortunada denuncia cuando expresaron que en ese período se produjo un exterminio de opositores. Porque olvidan, que existían fuerzas políticas que apoyaban la implementación de foco guerrillero en el país.

A través de una carta que remitió al director de El Nacional, Radhamés Gómez Pepín, reconoce el derecho que tienen los directivos de la Fundación 30 de Mayo de expresar sus opiniones y a defender sus familiares. El mismo que nos asiste a los defensores del presidente Balaguer, dice el licenciado Ricardo en la carta, cuyo texto es el siguiente:

En la página 14 de la edición del Nacional correspondiente al día 19 de mayo del año en curso, con el epígrafe Añaden 12 años a era de Trujillo», se reproducen unas declaraciones emitidas por los directivos de la Fundación 30 de Mayo. Aunque los entrevistados expresaron sus opiniones sobre diversos aspectos, solo deseamos referimos, por el momento, a los señalamientos contenidos en dos de sus declaraciones: La primera de ellas es la que concierne a la expresión de «que los 12 años de gestión de Joaquín Balaguer están calificados como una dictadura constitucional porque durante ese período se implementó una política de borrar la memoria histórica del país, se produjo un extermino de opositores, se tergiversaron acontecimientos históricos y no hubo forma de que se hablara de Trujillo en las escuelas».

Esa afirmación, señor director, no importa quien la exprese, es una falta aberrante a la verdad histórica que solo evidencia, de manera lastimera, que las pasiones siguen desbordadas en nuestro país cincuenta años después, pues podríamos citar un millar de ejemplos que desmienten esta afirmación. Es imposible ocultar el hecho de que desde la misma noche del 30 de mayo de 1961, el valor y la templanza exhibidas por el doctor Balaguer en tan difícil momento evitaron que el país se convirtiera en un inmenso charco de sangre. No debemos olvidar que el aparato represivo del régimen estaba intacto, y en la medida en que se fueron conociendo las identidades de los participantes y su grado de relación con el dictador ajusticiado, la sanguinaria represión contra los involucrados se desbordaba.

Desde ese difícil momento, y muy especialmente a su regreso a la presidencia de la República en 1966, el doctor Balaguer solo tuvo deferencias para los miembros de la citada Fundación, al igual que para sus familiares, incluso integrando como colaboradores en diferentes gabinetes de sus gobiernos a muchos de los distinguidos fundadores de esa asociación patriótica. De lo antes expuesto, nos resulta difícil entender el señalamiento de que «se implementó una política de borrar la memoria histórica», pues concederle veracidad a esa afirmación implicaría que contó con la anuencia de algunos de los distinguidos miembros de la citada Fundación 30 de Mayo.

Al término «dictadura constitucional» que se menciona en el mismo párrafo, no le hemos podido encontrar una definición específica. Debemos entonces presumir que estamos frente a su clásica definición, que se refiere a la institución jurídico-política de la antigua Roma, destinada a hacer frente a situaciones de emergencia política. Indudablemente la situación de la República Dominicana en esa época era de verdadera emergencia, consecuencia directa de los errores cometidos por regímenes posteriores a la salida del doctor Balaguer de la administración del Estado en 1962, y a la que tuvo que hacerle frente al asumir la presidencia de la República el1ero de julio de 1966.

No obstante el hecho de que el doctor Balaguer recibió en esa ocasión un país física y moralmente en ruinas, con las heridas aun abiertas de la guerra fratricida y con el país intervenido por soldados extranjeros, el gobierno comenzó la construcción del más terminado proyecto nacional de nuestra historia contemporánea. No solo inició un austero programa de saneamiento económico, sino que comenzó de inmediato un plan de fortalecimiento institucional, dotando al país de una de las constituciones más completas y de mayor duración de nuestra historia. El vasto plan de construcción de obras de infraestructura, la elaboración de los instrumentos legales que permitirían el fortalecimiento de la industria nacional y del sector privado como las leyes de Incentivo Industrial y las de Zonas Francas; la creación de una pujante clase media y la elaboración de Las Leyes Agrarias, para solo citar algunas de las iniciativas adoptadas por el primer gobierno constitucional presidido por el doctor Balaguer, formaron parte de las transformaciones políticas, económicas y sociales implementadas por el Reformismo. Debemos admitir que muchas de esas iniciativas, todas en beneficio del pueblo dominicano, no contaron con el respaldo de los partidos de oposición representados en el Senado y en la Cámara de Diputados.

La afirmación de «que en país se produjo un extermino de opositores» la tomaremos como una desafortunada expresión que evidencia cierto fanatismo. Cuando haya transcurrido el tiempo -para que se aplaquen las pasiones y se realice un estudio imparcial y minucioso de esa época, se podrá juzgar en su justa dimensión el accionar de todos los actores de la misma. Comenzamos por establecer que en ese entonces nos encontrábamos en pleno choque de las dos superpotencias surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, cuyas relaciones e interacciones dieron lugar a la época conocida como de la Guerra Fría. Esas diferencias fueron trasladadas a naciones emergentes como la nuestra. No podemos obviar, ni olvidar, que existían fuerzas políticas que apoyaron la implementación en el país del foco guerrillero primero y la guerrilla urbana posteriormente. En esa «lucha revolucionaria» se asaltaron bancos e iglesias para obtener recursos para ella. Se exterminaron civiles y militares para ser despojados de sus armas, situación que no terminó entonces. Al parecer, esas víctimas de la intolerancia hoy son convenientemente olvidadas. No es posible ocultar la incursión armada de un grupo de personas que culminó con la muerte de su líder en el desembarco de Playa Caracoles, quienes venían a derrocar en la República Dominicana a un gobierno constitucional.

El año pasado, en una entrevista publicada en el Listín Diario, el señor Miguel Cocco revelaba que solo la intervención del profesor Bosch evitó la consumación de un magnicidio, pues detallaba en la misma que su grupo tenía las cargas explosivas necesarias para colocarlas en las alcantarillas de la avenida César Nicolás Penson para dinamitar el carro del Presidente Balaguer.

Ese fue el tipo de oposición violenta y destructiva que tuvo que enfrentar el presidente Balaguer en sus tres primeras administraciones gubernamentales. De ahí la conveniencia de ubicar al lector en el contexto histórico apropiado para su justa valoración. En el futuro será importante analizar el rol desempeñado por prominentes figuras de la entonces denominada izquierda revolucionaria que estimularon a esos jóvenes valiosos que no se conocieron, para que pelearan y se aniquilaran entre sí, dirigidos por adultos que sí se conocían y que no se mataban.

Para concluir con la última afirmación en esa primera declaración, concerniente a «que no hubo forma de que se hablara de Trujillo en las escuelas», esa es otra descabellada exageración que desdice de la labor educativa que desarrollaron en ese entonces los maestros dominicanos. Cualquier persona que supere los 40 años de edad sabe que ese estulto señalamiento carece de veracidad, por lo que no amerita mayores explicaciones.

La segunda declaración a que deseamos referirnos es la que expresa «pero persiste el (sic) hoy el irrespeto (sic) histórico porque todavía le quitan el nombre a un tramo de la autopista Juan Pablo Duarte, próximo a Navarrete, para nombrarla Joaquín Balaguer». Lo primero que deseamos aclarar es que esta designación no obedeció a ningún requerimiento familiar, sino que fue una disposición del Presidente Hipólito Mejía, en uso pleno de sus facultades constitucionales, que valoramos y agradecemos en todo su contenido, con la que se reconoce los méritos de un dominicano de excepción como lo fue el doctor Balaguer.

Este dominicano integral fue el autor de la obra sobre la vida del prócer Juan Pablo Duarte, El Cristo de la Libertad, «no un libro de análisis, sino una obra de amor, y si de algo me culpo es de no haber acertado a escribirlo con toda la pasión de que es susceptible la naturaleza humana», según las palabras del propio autor. Sobre la significación de ella solo hay que resaltar que, mientras en el país solo se escuchaban loas a Trujillo, el doctor Balaguer prefería escribir sobre la vida del Fundador de la República, cuya primera edición es de 1950.

Es, también, el presidente Balaguer, quien auspicia la construcción del complejo deportivo más importante de la República, hoy, por cierto, en penoso estado de abandono y destrucción, y le confirió el nombre del Fundador de la República. De igual manera, proclamó en 1976 «el año de Duarte», en ocasión del centenario de su muerte, y durante el cual se realizaron diversas actividades de homenaje al Patricio, culminando el mismo con el gran acto cívico convocado para la inauguración de la efigie monumental del Padre de la Patria, ubicada en el comienzo de la autopista de Las Américas, el 16 de julio de 1977, en cuya ocasión pronunció su emotiva Invocación a Duarte.

Pocos dominicanos han resaltado la figura de Duarte como el más limpio de nuestros apóstoles, ni más ha contribuido que él a la divulgación de su figura y de su obra redentora. Después de haber transcurrido más de un siglo de su desaparición, lo que deben preguntarse las presentes generaciones es, como muy bien señalara el propio Balaguer, si la obra de Duarte se ha menoscabado o no, en las manos de quienes le han sucedido en la continuidad de las generaciones, y qué hemos hecho para engrandecer el patrimonio moral y político que nos legó con su sacrificio ejemplar.

En ese sentido, cuando se pase balance a sus actuaciones, tenemos la plena certeza de que la figura del doctor Balaguer adquirirá la dimensión que las concupiscencias y flaquezas morales de muchos de sus detractores se empecinan inútilmente en negarle, porque la verdad podrá ser circunstancialmente excluida, pero, como el sol que opacan las nubes transitorias, finalmente brillará con mayor esplendor.

Hemos dejado para último la afirmación de que «añaden 12 años a Era de Trujillo». El régimen unipersonal que gobernó durante 31 años la República y que acumuló riquezas personales inmensas, como ellos muy bien señalan, al poseer «más de dos millones de tareas cultivables de tres existentes en el país» y «ser suyas el 51% de las industrias y acciones en el orden de un 25% en las demás», contrastan enormemente con la donación de dos modestas viviendas familiares, adquiridas con préstamos religiosamente saldados, una a la Liga Dominicana contra el cáncer y otra a las Hermanas Adoratrices, y una casa de veraneo que le fue regalada donada a Hogares Crea, así como la pequeña porción de tierra en La Vega, donada a la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, único patrimonio del doctor Balaguer.

Por otra parte, lo importante sería sopesar lo acontecido con las propiedades que con la muerte de Trujillo, en un proceso iniciado por el doctor Balaguer como Presidente de la República, con los familiares del ajusticiado dictador aún el país, pasaron a ser parte del Estado dominicano. Mientras estuvo al frente de los destinos nacionales, esas empresas no solo producían beneficios comerciales, sino que cumplían a cabalidad la función social de dar empleos a miles de nuestros conciudadanos. No sucumbió el doctor Balaguer a las presiones para «privatizarlas» totalmente, por entender que eran patrimonio del pueblo dominicano. Lamentablemente este parecer no fue compartido por las administraciones posteriores a su salida del poder.

La afirmación de «añadir 12 años a Era de Trujillo», es un desatino injurioso y malsano. Ya lo decía el célebre autor de El Contrato Social; «las injurias son los argumentos de los que no tienen razón».

Deseo finalizar estas aclaraciones, señor director, reconociendo el derecho que tienen los directivos de la Fundación 30 de mayo a expresar sus opiniones y a defender sus familiares y su causa. Es el mismo que nos asiste a los defensores del presidente Balaguer. En nuestro caso lo haremos siempre con la mesura necesaria, recordando que para resaltar la grandeza de una causa no hay que hacerla sobre las ruinas de los demás.