Una solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva contra el ingeniero Miguel Pimentel Kareh y su cercano colaborador José Miguel Florencio Estévez, fue depositada este jueves por ante el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional. El pedimento fue interpuesto por el abogado Surún Hernández, en representación de la familia del arquitecto David Rodríguez García, quien se suicidó de un balazo en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el 25 de septiembre.
El abogado Hernández dijo que la familia del arquitecto Rodríguez García decidió hacer la solicitud de medida de coerción, en razón de que resulta increíble y sospechoso que hasta la fecha el Ministerio Público no haya solicitado medidas cautelares contra Pimentel Kareh y Florencio Estévez a pesar de que por lo menos uno de los imputados menciona a uno de ellos, en específico a este último, como la persona que daba el dinero para la extorsión a los ingenieros contratistas.
“Llama la atención algunas informaciones que tenemos, de que se está tratando de proteger a Pimentel Kareh y a Florencio Estévez, en vista de algunas relaciones que tienen con funcionarios”, manifestó Surún Hernández.
La solicitud de medida de coerción está fundamentada en los cargos de extorsión, soborno, robo y corrupción administrativa en perjuicio del arquitecto Rodríguez García. A Florencio Estévez, ex director técnico de la OISOE, se le sindica como uno de los hombres de mayor confianza del anterior incumbente Pimentel Kareh.
La afirmación fue hecha por Víctor Payano, ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), quien dijo que este era conocido entre ingenieros contratistas de obras del Estado como un “especialista en engavetar expedientes para retener los pagos”, para luego “ofrecer alternativas” en las que finalmente supuestamente terminaba teniendo beneficios económicos.
Con relación al hecho, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó ocho meses de prisión preventiva en contra de los ingenieros Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo, por considerar que hay elementos de pruebas suficientes para aplicar la prisión preventiva.
El magistrado José Alejandro Vargas tomó la decisión tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales Bertha Cabrera, Milciades Guzmán, Wagner Cubilete y Narciso Escaño, de la Procuraduría Especializada (Pepca).
