SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de José Miguel Marrero de Jesús (alias Toy), acusado de cometer actos de tortura y barbarie que provocaron la muerte de Cristian Pérez García, a quien presuntamente golpeó con un palo, roció con gasolina e insecticida y luego incendió.
De acuerdo con el expediente, el hecho ocurrió el 12 de octubre de 2025 en el sector San Gabriel, Kilómetro 9 de la Carretera Sánchez, en el Distrito Nacional. La investigación establece que la víctima regresaba a su residencia alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando fue sorprendida por el agresor, con quien mantenía conflictos previos.
Sin mediar palabras, Marrero de Jesús lo atacó brutalmente, golpeándolo en la cabeza con un palo, para luego rociarlo con gasolina y prenderle fuego. También le lanzó insecticida para avivar las llamas, y tras cometer el hecho, vociferó a la pareja del fallecido que “fuera a buscarlo porque lo había quemado”, abandonando de inmediato el lugar.
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Ministerio Público solicita prisión preventiva para el acusado tras evidencias contundentes
La esposa de Pérez García lo encontró con graves quemaduras y traumatismos, y antes de ser trasladado al Hospital Ney Arias Lora, la víctima logró identificar a su agresor. Pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de las lesiones sufridas.
El informe forense detalla que Pérez García presentó quemaduras de segundo grado, superficiales y profundas, en un 18.5 % de su cuerpo, afectando la cara, el cuello, el tronco posterior y ambos brazos.
El Ministerio Público, a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía del Distrito Nacional, sustentó su solicitud de prisión preventiva con testimonios, certificaciones médicas, actas de levantamiento del cadáver, acta de arresto, denuncia interpuesta y la entrega voluntaria del imputado.
El órgano acusador calificó el hecho como un homicidio agravado, en violación de los artículos 295, 303, 303-1 y 304 del Código Penal Dominicano, y pidió al tribunal imponer la medida de coerción de prisión preventiva, conforme al artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal, para garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial.
