En el debate sobre la situación de miles de personas luego de la desafortunada Sentencia TC 168-13, persistentemente los neo-nacionalistas (incluyendo los que se sientan en el Tribunal Constitucional) han insistido hasta el cansancio en hacer de lado la situación de los miles de apátridas creados por la misma, bajo el argumento de que el artículo 11 de la Constitución de Haití prevé el ius sanguinis y que bajo ese precepto los miles de dominicanos desnacionalizados son, en realidad, nacionales de Haití.

Ese alegato convenientemente ignora los artículos 12, 13, 14 y 15 de esa Constitución que hacen, en efecto, a todos los afectados por la Sentencia TC 168-13 apátridas, y así lo ha comprendido la comunidad internacional, organizaciones internacionales de los derechos humanos, y por fortuna y más recientemente, el Gobierno dominicano.

La República Dominicana tiene derecho a deportar a los inmigrantes ilegales de su país, lo que no tiene derecho es atropellar los derechos humanos de miles de personas lanzándolas a la apatridia, creyendo que con eso soluciona sus problemas migratorios. El artículo 15 de la Constitución de Haití prohíbe taxativamente la doble nacionalidad, más aún el artículo 13 en su literal A dice bastante claro que la nacionalidad haitiana se pierde por la adquisición de la nacionalidad de otro país.

En lo que respecta a Haití, en el momento en que el Estado dominicano les reconoció la nacionalidad (de conformidad con la ley y reglamentos existentes en su momento) a todas esas personas, estas dejaron de ser nacionales haitianos. El ejercicio retroactivo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana no es vinculante ni va a obligar a Haití a hacer lo mismo para reconocerle nacionalidad a gente que en muchos casos nunca han pisado ese país. Esas personas, a todos los fines legales, son apátridas; gústele o no a los más fervientes neo-nacionalistas.

La República Dominicana tiene todo el derecho a trazar sus políticas migratorias y deportar a todas las personas que la incumplan; pero eso no es lo que realmente se debate. El país no tiene derecho a despojar medalaganariamente de su nacionalidad a alguien para luego expulsarle. Es esto lo que preocupa a la comunidad internacional, y esa es la cuerda bien fina sobre la cual el gobierno actual está haciendo sus malabares jurídicos para evitar manchar la reputación del país en materia de derechos humanos.

Es loable el esfuerzo realizado hasta ahora por el gobierno para tratar esta situación, a pesar de las constantes críticas y presiones a la que es sometido para que incurra en el error de realizar deportaciones masivas e indiscriminadas.

No cuestiono que al igual que yo, los neo-nacionalistas genuinamente deseen lo mejor para el país, yo solo entiendo que el primer paso para empezar a arreglarlo no tiene que ser violentado derechos humanos. Es difícil saber con precisión el tiempo que tomará arreglar el desastre creado por el Tribunal Constitucional, y ciertamente será improbable corregirlo en los plazos de planes de regularización. Solo espero que mientras persista la situación, cabezas más frías sigan gobernándonos para no entrar al punto sin retorno donde solo la República Dominicana tendrá mucho que perder.