Si en el Estado dominicano no hubiera tanto dispendio y corrupción administrativa, sería posible aplicar una equitativa política de sueldos, donde el salario mínimo podría ser no menor de 20 mil pesos mensuales.

Regularmente leo y escucho comentarios de condena a los funcionarios públicos que devengan altas remuneraciones, proceden a calcular su equivalente a la cantidad de sueldos mínimos y se establece una diferencia enorme, revelando una de las grandes injusticias sociales de nuestro país.

Pero la razón que concedo a esos juicios de valor simplemente es parcial. No me opongo a que los funcionarios estatales, que tienen bajo su responsabilidad delicadas atribuciones, reciban adecuadas remuneraciones, en la medida en que no osen tocar recursos que atañen al erario.

La injusticia estriba en los sueldos de los servidores menores, que son muy bajos y es lo que hay que corregir.

Es correcto que los secretarios de Estado, los jueces, los fiscales, los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, los síndicos y legisladores, que desempeñan funciones de jerarquía, reciban justas remuneraciones.

Lo que es incorrecto e inconcebible es el sueldo mínimo de los servidores públicos de República Dominicana, incluyendo a militares y policías. Resultan inconcebibles, de igual forma, los sueldos de los oficiales, los agrónomos, los maestros y los médicos, para sólo citar algunos ejemplos.

La iniciativa de algunos legisladores a favor del aumento de sueldo de los médicos satisface mucho. Los médicos abogan por un aumento que los lleve a devengar 59 mil pesos. Poquito lo encuentro.

No así a un secretario de Estado que se ha caracterizado por los conflictos y negar reivindicaciones sociales, el cual llegó a calificar de exagerada la demanda salarial de los galenos. ¿Es mucho 59 mil pesos para los médicos, y él sí puede ganar más de 1 millón cada 30 días? ¡Abusador! Y estamos hablando de un país donde casi ningún funcionario público, sobre todo a ese nivel, vive de su sueldo. La corrupción alcanza niveles alarmantes.

Es un imperativo acabar con la corrupción administrativa y el dispendio en las instituciones del Estado y aumentar los sueldos de los servidores públicos que ocupan posiciones menores, con la finalidad de superar la enorme distancia que los separa de los funcionarios. Hay que abogar por la equidad y el equilibrio respecto a los sueldos.

Es una forma de contribuir a reducir la gran brecha social que observamos alarmados, pero a veces sin formular propuestas eficaces.

Insisto en que no me opongo a que los funcionarios de mayor jerarquía reciban beneficios conforme a su preparación académica y la responsabilidad de las tareas que desempeñan.

El problema no está en que esos funcionarios perciben el equivalente a 100 ó 200 sueldos mínimos. El problema radica en que los sueldos mínimos son inconcebibles y no tienen razón de ser, porque apenas cubren la cuarta o quinta parte del costo de la canasta familiar.