El Tribunal Constitucional (TC) declaró conforme con la Constitución de la República el tratado de extradición entre República Dominicana y Perú, firmado en Lima el 18 de marzo de 2019.

Dicho acuerdo había sido sometido por el Poder Ejecutivo por ante el TC para fines de consulta y cumplimiento del control preventivo de la Constitución que le otorga la ley a esa alta corte.

El tratado, según lo establecido en él, es un instrumento suscrito por los presidentes de Perú y República Dominicana con el deseo de mejorar la cooperación entre ambos países, con la intención de enfrentar el gran desafío que representa la delincuencia transnacional moderna, asegurándose de que los territorios de ambas naciones no servirán de refugio para los fugitivos de la justicia.

El referido tratado establece la extradición recíproca de las personas que se encuentren en los territorios respectivos y que estén siendo procesadas o hayan sido condenadas por las autoridades judiciales de la parte requiriente por un delito que dé lugar a la extradición.

El convenio consta de 25 artículos y establece normas que permitirían una colaboración recíproca entre ambos estados en la lucha contra la impunidad, con mayor y más eficiente asistencia en materia de extradición, basada en los principios de respeto a la soberanía e igualdad.

Dicho convenio tiene por objeto regular aspectos procesales que, se supone, traerán un importante avance en el proceso de extradición, contemplando temas como la obligación de extraditar, delitos que dan lugar a la extradición, causales que pueden dar lugar a la denegación de la extradición, entrega de nacionales, pena de muerte, solicitud de extradición y documentación requerida, detención preventiva, decisión relativa a la solicitud de extradición y entrega de la persona reclamada.