Un grupo de jóvenes ocupó por casi 48 horas el liceo Argentina, de la zona colonial, en demanda del cumplimiento de la ley que dispone otorgar a la educación un monto del Presupuesto del Estado equivalente al cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), acción imprudente que además de impedir la docencia en ese plantel público, puso en riesgo la integridad física de estudiantes y propios ocupantes.

Todos los ciudadanos en pleno ejercicio de sus facultades mentales abogan por un mayor presupuesto para el sector educativo, aun por encima de lo que dispone un estatuto votado en 1997, que nunca se ha cumplido, pero es menester que ese anhelo cívico no sea contaminado por ningún interés sectorial o particular.

Quienes ingresaron el domingo en la noche al local escolar y desalojaron al guardián a cargo de la custodia de esas instalaciones incurrieron en un acto de temeridad incompatible con la demanda planteada, que pudo ser causa de algún incidente con consecuencias que hoy serían de lamento para sus mandantes y para la sociedad toda.

El reclamo por más recursos para la educación no debe ser motivo de delirio sino de discusión y reflexión mediante el uso de todos los mecanismos que una sociedad democrática pone al alcance de los grupos de presión y del ciudadano ordinario para poder lograr ese anhelo social, que ha de estar en consonancia con realidades objetivas en términos económicos y fiscales.

Quienes, con todo derecho, sugieren que además de cumplir con el 4 por ciento para la educación se discuta lo relacionado a la calidad de la inversión, no deberían ser acusados de falta de ética intelectual o de insensibilidad social, porque tampoco sería adecuado que más de cien mil millones de pesos se dilapiden en saco roto por falta de previsión y planificación.

Se sabe que todos los candidatos presidenciales firmaron de puño y letra un compromiso para incluir ese cuatro por ciento al sector educativo en el Presupuesto de 2013, pero ese propósito parece no surtir efecto entre quienes creen que en el ejercicio fiscal de 2012, el tope de déficit será de 0.9 del PIB por mandato del Fondo Monetario.

Causa extrañeza que sectores de la sociedad civil y alto empresariado que impulsan la lucha por el inmediato cumplimiento de esa ley no sugieran una correspondencia fiscal con ese reclamo, como sería aumentar los ingresos públicos mediante incremento de la presión tributaria que es apenas de un 13% del PIB.

A riesgo de ser tildado de insensible o falto de ética, se sugiere a la sociedad dominicana acoger el ejemplo de la República Popular China, que hace diez años dedicaba a la educación apenas el 1.9 del PIB, y hoy figura en el primer lugar en el ranking mundial de calidad estudiantil en la enseñanza de matemáticas y ciencias, según estudios realizados por la Unesco.