A la solicitud de cese de prisión preventiva y revisión del estado de privación de libertad, del imputado Belarmino Antonio Polanco Toribio, de 47 años, profesor, y aplicación de medidas de coerción que sustituyan la prisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, regularmente constituida en la sala donde acostumbra a celebrar sus audiencias públicas, admitió el pedimento imponiendo en cambio las obligaciones de comparecencia periódica, la presentación de una garantía económica de seis millones de pesos dominicanos e impedimento de salida del país.

Es el epílogo del doble feminicidio cometido por Polanco Toribio en el mes de abril de 2012, en la ciudad de Tenares, contra Dianelba Santana, de 30 años y madre de tres menores, y Leticia Liriano Ortiz, de 22 y estudiante de medicina de noveno semestre, tía y sobrina, respectivamente. En la ejecución de las dos mujeres, el feminicida también hirió de bala en el vientre a un menor de dos años; dos menores más lograron escapar de la escena del crimen y posteriormente, reconocieron el vehículo del asesino condenado el 25 de febrero de 2013 por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial Hermanas Mirabal, a 30 años de reclusión, por sentencia No. 006-2013.

El profesor Belarmino Antonio Polanco Toribio, 26 años mayor que Leticia Liviano Ortiz, tenía en su carro una pistola marca BRICO, Cal. 9Mm., que portaba ilegalmente y el celular de ella, del que había revisado sus llamadas esa noche y confrontado telefónicamente a un compañero de ella, de la Universidad Católica Nordestana, para posteriormente, en horas de la madrugada, cometer el crimen.

Es evidente que el sistema judicial, aún contando con leyes que evidencian la violencia contra la mujer, está frente al fracaso de controlar este fenómeno que mata a tantas dominicanas como para preocuparse. La persistencia y el aumento, unido a las nuevas formas de matar mujeres y a la impunidad que servidores y servidoras de la justicia penal favorecen, se puede llamar fracaso nacional de un Estado comprometido desde su Constitución en la protección de la violencia contra las mujeres.

La decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, que será súper justificada con alegatos de orden procesal, es una burla a las que sobrevivimos a Dianelba y a Leticia, y un premio para quienes se mueven en la misoginia y el crimen.

¿Tiene derecho a la libertad quien mata a dos mujeres a sangre fría y también hiere en el vientre a un niñito de casi dos años?