La República Dominicana, como la mayoría de los países Latinoamericanos, mantiene una política exterior no intervencionista como un principio consagrado en su Constitución. Sin embargo, mantener esa política se está convirtiendo en un problema no sólo de credibilidad internacional por nuestra incapacidad de responder a las violaciones a los derechos humanos en nuestros países vecinos, sino también social en la medida que permitimos que los problemas de nuestros vecinos degeneren en crisis de refugiados como ya ocurre con Venezuela y como ya está empezando a producirse en Nicaragua.

Casi 4 millones de venezolanos han abandonado su país desde que las políticas sociales y económicas implementadas por Hugo Chávez, y continuadas por Nicolás Maduro, colapsaron a ese país suramericano, docenas de miles de ellos se encuentran hoy en República Dominicana. Desde abril más de 20 mil nicaragüenses han abandonado su país por la violencia política alimentada por Daniel Ortega que está enterrando la economía de Nicaragua. La República Dominicana, ante todo esto, se ha situado en el muy callado coro de los neutrales.

La situación en Venezuela y Nicaragua es sensiblemente distinta a otras crisis similares de refugiados como la que actualmente vive el triángulo del norte de Centro América (El Salvador, Guatemala y Honduras) por la dramáticamente alta criminalidad, o la perenne historia de Haití. Las crisis en Venezuela y Nicaragua tienen una raíz fundamentalmente política caracterizada por constantes e inaceptables ataques a los derechos humanos y los principios democráticos que como parte de la comunidad de Estados Americanos estamos llamados a defender.

La gravedad de lo anterior es que las consecuencias de las acciones irresponsables de gobernantes como Maduro y Ortega no quedan contenidas dentro de sus fronteras, sino que se traducen en verdaderas crisis humanitarias empujando miles de personas hacia países vecinos, como la República Dominicana.

Como país que también paga los platos rotos de los crímenes de personas como Maduro y Ortega, debemos asumir un rol más activo ante la comunidad internacional en la demanda al respeto de los derechos humanos y a la democracia por parte de nuestros vecinos, no sólo uniéndonos a país como Chile, Perú, Colombia, México, Brasil y Argentina en las condenas a estos regímenes, sino promoviendo acciones que impulsen cambios en el comportamiento de estos, incluyendo, pero no limitándonos, a sanciones personales contra los facilitadores a esas acciones y sanciones económicas que efectivamente castiguen el comportamiento de esos regímenes. Cruzarnos de brazos hoy, evidentemente nos sale más caro en el mañana.