La inmobiliaria Titulatec, que maneja los terrenos de Los Tres Brazos, lamentó hoy que al presidente Danilo Medina lo hayan puesto a firmar un decreto prohibiendo desalojos en ese lugar, cuando esa empresa ya había acordado con los lugareños que no se expulsaría a nadie de sus viviendas.
José De Pool, gerente general de Titulatec, se refirió al decreto 392-16, emitido ayer por el presidente Medina, en el que integra una comisión para investigar la venta de los terrenos de Los Tres Brazos, y ordena “detener los desalojos en el sector”.
De Pool explicó que los ejecutivos de la inmobiliaria acordaron con los residentes y juntas de vecinos, no realizar desalojos, sino facilitar a las personas de escasos recursos los medios necesarios para que se pusieran al día con el pago.
“Es lamentable que se haya puesto al presidente a firmar un decreto como ese, cuando nosotros ya habíamos acordado con los residentes y juntas de vecinos no desalojar a ninguna persona, y así también se contempla en el contrato con el Banco de Reservas”, dijo el ejecutivo.
Titulatec compró dichos terrenos a la empresa Infepa, que, a su vez, había adquirido dichos predios a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), por 92 millones de pesos.
Luego, los predios, ubicados en la parte este del río Ozama, fueron invadidos por cientos de familias, sin que intervinieran las autoridades.
Por esa razón Titulatc inició un proceso para cobrarles los terrenos a los propietarios de viviendas, por lo que muchos de ellos se opusieron, aunque otros accedieron a legalizar su situación.
Varios juristas consideran que la transacción entre dichas empresas se realizó de manera legal, y que no era necesario que el contrato de venta fuera conocido por el Senado de la República, debido a que se llevó a cabo entre dos partes independientes al Estado.
Los ejecutivos de Titulatec también aseguran que las parcelas no fueron declaradas de utilidad pública por el decreto 1000-79, emitido por el fenecido expresidente Antonio Guzmán Fernández.
El decreto excluyó las parcelas 153-A-2, 152-A-1 y 155, según explicó el abogado Juan María Castillo, quien defendió la legalidad del proyecto que ejecuta la inmobiliaria en el sector del municipio Santo Domingo Este.
