El presidente de la Junta Electoral de Santiago, Haime Thomas Frias Carela mientras ofrecía los detalles del robo, le acompañan el fiscal Francisco Núñez y el general Pablo de Jesús Dipré, el pasado martes.
Por más rápidamente que pudiera aclararse no deja de constituir un toque de atención la sustracción de 37 millones de pesos de la sede de la Junta Municipal Electoral de Santiago que serían utilizados para pagar el personal y soporte logístico en las votaciones del domingo. El robo, por el que se detuvo a cinco agentes de la Policía Electoral, obliga a fortalecer los controles técnicos, administrativos y financieros para garantizar la transparencia, seguridad y orden en los comicios congresuales y presidenciales. A pesar de la rapidez con que ha actuado la Junta Central Electoral (JCE) para denunciar el caso, ha de tenerse en cuenta que la investigación no se cierra con la detención de los cinco policías. Plantea interrogantes una suma tan elevada de dinero en efectivo guardado en una oficina. Tanto el presidente de la oficina electoral de Santiago, Haime Tomás Frías Carela, como los titulares de otros centros tienen que ser más celosos con la administración de los recursos. Es obvio que en la sustracción del dinero, que no se sabe por qué no se tenía a mejor resguardo, incidió algún tipo de descuido.
El Nacional
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