La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sancionó a una empresa china instalada en República Dominicana por ejercer trabajo forzoso contra sus trabajadores, la misma que el Ministerio de Trabajo había paralizado sus actividades en dos ocasiones por prácticas laborales abusivas.

La agencia del gobierno estadounidense comunicó que la razón social Kington Aluminio SRL fabricaba extrusiones de aluminio, productos de perfil y derivados utilizando mano de obra forzada o en régimen de servidumbre en violación de la sección 307 de la Ley Arancelaria.

Esa empresa opera desde 1918 con una plantilla de más de 500 empleados, ubicada en el kilómetro 36 de la carretera Mella, en el municipio de Guerra, dedicada a transformar el aluminio en productos industriales con aplicación también en la arquitectura y construcción.

La industria sancionada por Estados Unidos forma parte de once instalaciones industriales, ferreteras, comerciales y de importación propiedad la mayoría de empresarios chinos, cuyas actividades fueron paralizadas por el Ministerio de Trabajo ante el peligro inminente que representan para la seguridad y la salud de sus trabajadores.

Los establecimientos sancionados por autoridades laborales dominicanas, ubicados en la provincia Santo Domingo, Villa Consuelo y avenida Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional, fueron acusados de violar el artículo 62 de la Constitución, el 436 del Código de Trabajo y el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el caso de Kington Aluminio SRL pesa la grave acusación de incurrir en trabajo forzado, un ilícito que Estados Unidos sanciona severamente en términos penales, diplomáticos y comerciales, si se demuestra reincidencia o si las autoridades de los países donde operan no asumen los correctivos legales.

Corresponde a los empleadores aludidos por la oficina estadounidense de Aduana y Protección Fronteriza y por autoridades laborales dominicanas, resolver las anomalías referidas a trabajo forzado, régimen de servidumbre y otras prácticas abusivas contra trabajadores.

Ante esas graves denuncias, que ponen en riesgo la reputación de República Dominicana en materia de garantía de derechos laborales, lo aconsejable sería que el Ministerio de Trabajo ejecute en lo inmediato un amplio programa de inspección que abarque a empresas manufactureras, mineras, agrícolas y comerciales, de capitales foráneos o locales, a los fines de detectar prácticas laborales abusivas y proceder a su cierre inmediato.