En una mesa redonda sobre transparencia y gobernabilidad, la directora de la Oficina Nacional de Defensa Público puso el dedo en la llaga sobre las limitaciones de la entidad para cumplir su función.
Laura Hernández anotó que el Estado se ha constituido en una traba para la protección de los derechos ciudadanos al no proporcionar los recursos para que la entidad que dirige pueda hacer su trabajo. ¡Ese sí es un asunto al que se debe prestar atención! Más grave no puede ser que un ciudadano no pueda contar con un adecuado medio de defensa por culpa del Estado.
Según Hernández, 13 Distritos Judiciales carecen todavía de oficinas de defensoría porque no se han proporcionado los recursos suficientes.
Son miles los prevenidos que languidecen en las diferentes penitenciarías porque no disponen de facilidades para costear medios de defensa que el Estado tampoco les puede proporcionar. Tal parece que el derecho a la justicia no forma parte de la política social.
El Nacional
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