La tragedia acaecida ayer en Miches, donde cinco personas murieron y ocho sufrieron heridas en enfrentamiento entre hacendados y campesinos por la posesión de tierras, refleja la magnitud de un problema acentuado por el dilatado desorden predial y una acentuada debilidad institucional para garantizar seguridad jurídica en la titulación y posesión inmobiliaria.

Al menos tres de los ocupantes de más de cuatro mil tareas en la comunidad Las Lisas, y dos hermanos miembros de una familia que reivindica la propiedad de esos predios, fallecieron por heridas de perdigones y machete durante un pleito en el que otras ocho personas sufrieron heridas graves.

En el caso de Miches, porque gran parte de su geografía costera tiene vocación para el usufructo turístico, son cada vez más frecuentes las litis judiciales o pleitos campales por posesión que han adquirido gran valor en el mercado inmobiliario.

Autoridades penales están en el deber de establecer responsabilidades individuales entre instigantes y participantes en tan primitiva acción, pero esta tragedia ha de servir también como obligada referencia para que la Oficina del Abogado del Estado y el Poder Judicial encaminen esfuerzos contundentes para restablecer la seguridad jurídica en el ámbito de la jurisdicción inmobiliaria.

Es difícil que una economía como la dominicana pueda promover inversión y desarrollo en los sectores agropecuario y turístico con la anarquía prevaleciente en la titulación y posesión de tierras o ante los carnavales de invasiones de tierras que se montan en casi toda la geografía nacional.

Ese desorden se agrava por el cuadro de injusticia que se observa con el discrimen o privilegio en la distribución de tierras del Instituto Agrario o del Consejo Estatal del Azúcar, cuyos mejores predios con vocación turística o agrícola van a parar a manos de conmilitones de los gobiernos de turno.

Esa tragedia obliga a una profunda reflexión sobre la necesidad de organizar el sistema predial nacional y garantizar mediante la aplicación rápida y diligente de la ley en los conflictos ante tribunales de jurisdicción de tierra y la necesaria transparencia en la emisión de documentos que presuman propiedad y posesión en el ámbito inmobiliario.

Sin garantía de plena seguridad jurídica y ante las constantes invasiones de tierras promovidas por filibusteros con padrinazgo, prevalece el temor de que se reedite más de una vez el infausto suceso ocurrido en Miches.