El viernes pasado, fue abierta la campaña para las elecciones congresuales y municipales del 16 de mayo, un proceso hasta la fecha, caracterizado por deserciones partidarias de tercer tipo -cuando militantes ya lo han sido de los tres partidos-; negociaciones entre jefaturas partidarias más o menos cumplidas; acusaciones tradicionales en contrapunto; amenazas de confesiones que no ven el sol y una procesión de acciones encaminadas a alcanzar un poder cada vez más costoso para el pueblo dominicano.

En el tramo final, la ciudadanía ha manifestado nuevas opciones, como votar por ninguno/a, solicitando una casilla especial para que conste, con poco eco en el sistema democrático nacional, acostumbrado a minimizar las actitudes, aún así de creativas, de las personas señaladas como votantes.

Pero el dato relevante es que, el 50.56% del colectivo que votará el 16 de mayo es femenino, situación que pone a las dominicanas al igual que a los partidos, en primera línea de observación para ofrecer a un electorado definido en el peso específico para el triunfo.

En el caso de los dos partidos mayoritarios, PLD y PRD, pretenderían despojar a las mujeres del mínimo de 33% como cuota requerida por la Ley 275-97, con el pretexto de que no hay mujeres políticas suficientes como para cumplir con el requisito, un argumento desmontado por mujeres de ambas organizaciones, en visita a la Junta Central Electoral, manifestando su apoyo a la resolución emitida del tribunal que establece el deber de cumplir con la cuota femenina en sus candidaturas.

Esas políticas, entre las que se encontraban Magda Rodríguez, Alexandra Izquierdo, Minou Tavárez, Milagros Ortiz, Juana Vicente y Janet Camilo, solicitaron a la Junta Central no ceder a la presión de sus compañeros y que apliquen la ley.

Está claro en este intento que la cultura tradicional de hacer política en los partidos, con gran arraigo en el corporativismo masculino de sus militantes, es resistente a los cambios, sin embargo, a los partidos que han llegado al máximo de su tensión en las prácticas corruptas, no les queda más remedio que desmontar actitudes y prácticas para mejorar la democracia.

A estas organizaciones sólo les queda garantizar la igualdad de acceso de las mujeres, su plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, para lo que, primero, tienen que examinar estructuras y procedimientos obstaculizantes; segundo, empezar a permitir la participación plena de las mujeres en las estructuras internas y hasta motivarlas; y tercero, incorporar las cuestiones de género a sus programas políticos.

¡Es un desafío!