El presidente Danilo Medina trató ayer durante cuatro horas con ejecutivos de medios de comunicación el tema de Bahía de las Águilas y lanzamiento del Suroeste como polo turístico, lo que demuestra la intención del Gobierno de someter al diálogo y escarceo público sus iniciativas para recuperar por vía de negociación o fallo judicial predios en esa zona cuya posesión por particulares se reputa ilegítima o fraudulenta.

Para lograr que despegue el desarrollo de Pedernales y su entorno se identifican un trecho relativamente corto, el de promover una negociación o salida extrajudicial con quienes detentan títulos de propiedad de terrenos con vocación turística, y otro camino más largo y pedregoso que sería el de continuar en la jurisdicción inmobiliaria añejas litis en procura de que el Estado recupere esos predios.

En principio, el Gobierno ha escogido la vía de la transacción con titulares de inmuebles que consistiría en vender esos predios por vía de un fideicomiso y distribuir el valor de esas ventas en proporción de un 55 por ciento para el Estado y 45% para los propietarios, con la salvedad de que no habría ningún tipo de negociación con aquellos ocupantes que no posean certificados de propiedad.

Sin desmedro al interés justo y legítimo del Gobierno de promover eal Suroeste como el cuarto polo turístico, amplios sectores nacionales no parecen conformes con la idea de que las autoridades renuncien al compromiso de recuperar parcelas adjudicadas o traspasadas por vía fraudulenta, ni mucho menos con que sus titulares ilegales obtengan beneficios en premio a transacciones de naturaleza criminal.

Otros grupos más radicales se oponen a ese proyecto de promoción turística porque supuestamente degradaría zonas protegidas, incluida Bahía de las Águilas y Parque Jaragua, temores que el Gobierno ha intentado despejar con garantía del cumplimiento de normativas sobre medio ambiente.

En tan complejo escenario jurídico, medioambiental y social, afloran realidades que son independientes a la voluntad de Gobierno y actores sociales, como el que los poseedores de certificados de propiedad expedidos por la jurisdicción inmobiliaria se reputan como dueños de esos predios y el Estado como reclamante, obligados a recurrir todas las instancias judiciales para intentar obtener ganancia de causa.

Como no sería posible iniciar el lanzamiento turístico del Suroeste de manera simultánea con las diligencias procesales para recuperar terrenos adjudicados irregularmente, se plantea entonces que el Gobierno declare de utilidad pública esas parcelas o que se apropie por vía de decreto presidencial, pero es obvio que esa receta no garantiza los niveles de seguridad jurídica que requieren inversores nacionales y extranjeros.

Quizás, lo mejor sería mantener abierta la opción judicial contra quienes ocupan predios en franca violación a la ley; declarar de utilidad pública las parcelas ocupadas de buena fe sin títulos definitivos y proceder a la transacción extrajudicial ante detentadores titulares y legítimos. Lo que no se puede detener por ninguna causa es el proyecto de convertir a Pedernales y el Suroeste en el cuarto polo turístico de la República.