Se sabe que la Constitución de la República constituye un pacto de convivencia social, político y jurídico que refleja la correlación de fuerza e influencia de los actores que interactúan en una sociedad determina.

La República se erigió hace 163 años sobre un texto constitucional impuesto por la bayoneta de un posterior anexionista y desde entonces la Carta Magna, con excepción de la votada en 1963. ha sido zurcida o remendada de conformidad con intereses dominantes.

Esta nueva Constitución que se elabora en una dispersa, confusa e innominada Asamblea Revisora, ha sido mercadeada como producto de última generación para garantizar la consolidación de un auténtico estado de derecho.

Sin negar que en esa Ley Sustantiva se incluyen instituciones, artículos, letras y numerales que de aplicarse u observarse han de representar significativos avances en el orden jurídico- político, es menester advertir que por otras inserciones u omisiones esa ley de leyes tendría más de retroceso que de avance.

La sociedad, empero, no podría aspirar a que esa Asamblea Revisora evacue una Constitución de legítima factura liberal, porque es mucho el poder e influencia que como torniquete obra para evitar que ese mentado pacto social garantice a toda plenitud derechos de justicia y equidad.

Artículos referidos a la nacionalidad, aborto, libre acceso a playas y ríos, derecho a incoar demanda por inconstitucionalidad y protección al medio ambiente reflejan la capacidad y fortaleza de grupos fácticos para imponer sus designios por encima del clamor ciudadano. El aumento en vez de reducción del período legislativo y el incremento macrocefálico de la matrícula de diputados demuestra también que propios asambleístas han procurado trozos del pastel.

Si bien no se aspiraba a que esa reforma transformara la Carta Magna en referente mundial de garantía y modernidad jurídica, tampoco se esperaba que fuera otro trozo de papel.