El Tribunal Superior Electoral acogió recientemente un recurso de amparo preventivo interpuesto por Hipólito Mejía, Orlando Jorge Mera, Andrés Bautista y Geanilda Vásquez, que los libera de acudir a las citaciones hechas por la Comisión de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano.

Con la sentencia, ese órgano electoral se fortalece, porque acaba de ser legalizado por el mismo grupo que calificó de ilegítimas sus anteriores decisiones. Ahora todo el PRD reconoce a ese tribunal de cinco miembros, tres de ellos cuadros del partido oficial. Y un cuarto, que es el presidente, responde a esas directrices.

En apariencia, en esta oportunidad, ese órgano contencioso exhibe equilibrio, con el propósito de ganar credibilidad no solo en el sector de Hipólito Mejía, que fue el que participó en la contienda electoral pasada, sino en amplios segmentos de la opinión pública.

Esos dirigentes del PRD tendrían sus razones para apelar al TSE, ante la amenaza de expulsión de que eran objeto por el grupo de Miguel Vargas, pero ahora perderían moral para rechazar futuras decisiones emanadas de ese organismo. Y todas las sentencias del TSE estarían condicionadas a los intereses del PLD.

Ojalá y ese recurso resulte ser una simple táctica circunstancial, a sabiendas de que ese grupo de peledeístas no reúne las condiciones de juez ni está calificado para arbitrar un proceso electoral. Ese TSE es parte del daño institucional ocasionado por Leonel Fernández al país, con la conformación de las denominadas altas cortes.

Con esas altas cortes el país retrocedió. Retrocedió, porque la mayoría de sus miembros no cuentan con el perfil requerido para los cargos que ostentan y, además, están controladas por el desacreditado partido oficialista. Es una lástima que ese TSE se fortalezca. Se impone la lucha por la verdadera institucionalización del país.