Se recibe con buen agrado el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados sobre la eliminación del mentado Fondo de Gestión Social (barrilito) que disponía de unos cien millones de pesos anuales para innominados programas sociales, que incluía financiamiento para la preparación de habichuelas con dulce.

El presidente del hemiciclo, Abel Martinez, dijo que esos fondos serían distribuidos entre hospitales y entidades promotoras de salud reconocidos por su credibilidad, manejo transparente y que brinden servicios a la población de menores ingresos.

En la Constitución de la República no se consigna autoridad a congresistas para repartir de manera personal y en forma discrecional recursos públicos, por lo que el Senado de la República también está compelido a cerrar en lo inmediato el derrame de dinero que se dilapida a través de un programa similar.

Se admite que las cámaras legislativas operen algún programa de carácter global o colectivo para fines sociales, pero no es ético que se asigne, en el caso de los diputados, cincuenta mil pesos mensuales para que los distribuyan a su mejor parecer entre sus representados.

Tampoco es legal ni legítimo que se consigne en favor de cada senador, el equivalente de un peso por cada habitante de la demarcación que representa, también para uso discrecional en programas, la mayoría de los cuales confluyen en beneficios electorales.

Lo pertinente sería que las partidas millonarias asignadas para los mentados “barrilito” y “cofrecito” sean excluidas por los propios legisladores que modificaron el proyecto de Presupuesto General del Estado 2015, con lo cual se pondría fin a una práctica amoral, ilegal y perniciosa.

Se resalta la decisión del presidente de la Cámara de Diputados de disponer que los cien millones de pesos destinados al barrilito de ese hemiciclo se consignen a hospitales públicos, pero mejor sería que se borre por siempre del Senado y de la Cámara baja esa cuenta de dispendio de dinero público.

Se saluda con moderado entusiasmo y legítima reserva la decisión de erradicar el barrilito de la Cámara de Diputados, que debe ser total y definitiva, al igual que se espera y se exige que el Senado también proceda a extirpar ese tumor ético.