La tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley son esenciales para que se administre una buena y sana justicia. Lamentablemente, en nuestro país estamos muy lejos de esa aspiración necesaria. Aunque nuestra Constitución consagra de manera expresa esos valores jurídicos en su artículo 69, ni el Poder Judicial ni la sociedad los han asimilado como debe ser.

Todavía tenemos atavismos de la escuela decimonónica del derecho que se imponen en la práctica. Teóricamente, la mayoría de los jueces, abogados y fiscales, por un lado, y buena parte de la ciudadanía, por el otro, no han interiorizado la tutela judicial efectiva, con todas sus consecuencias. Muchos se atreven a teorizar sobre ella. Lo hacen con aire de autosuficiencia. Pero al momento de actuar, de respetarla en el accionar concreto, la niegan vergonzosamente. Por ejemplo, sancionan sin investigar ni enjuiciar previamente. La cultura del tránquenlo y luego investigamos, en otro ámbito. La seguridad jurídica brilla por su ausencia. Sin importar su condición, todo ciudadano tiene derecho a la tutela judicial.

Eso sucede porque la tutela judicial es un discurso hipócrita. Sirve para engatusar a incautos. Los violadores tienen los conocimientos en una región muy superficial de su corteza cerebral. Jamás los llevan al espíritu, al alma. Por eso se desdoblan con tanta facilidad. Dicen una cosa, piensan otra y hacen una tercera muy diferente a lo que dicen y piensan. Son enfermos, díscolos y desintegrados.

Pero es tiempo de que la ciudadanía exija el cumplimiento total de la tutela judicial efectiva. La Carta Magna establece que la justicia debe ser accesible, oportuna y gratuita. Nada más lejos de la realidad. El derecho a ser oído parece que se le dijo a los sordos. La presunción de inocencia es para los privilegiados. Los otros, portan rostros ilegales y carecen de derechos fundamentales. No hay que hacerles juicios públicos, orales ni contradictorios. Nacieron condenados de antemano.

El doble juicio por la misma causa está prohibido para los acomodados. Los descamisados viven enjuiciados permanentemente, con causa y sin causa. Hasta se les exige que se autoincriminen, que digan lo que desea el juez o la autoridad, aunque se perjudiquen. Si no hay ley para sancionar el hecho de los hijos del pueblo, se desempolva y se interpreta una y se aplica. La forma ni la competencia son problemas. La legalidad de la prueba es para la minoría. El derecho a recurrir es escamoteado de la peor manera. Y aunque el Pacto Fundamental dice que Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, esto se cumple cuando conviene a los detentadores del poder.

Los dioses del Olimpo sólo se preocupan por quedar bien con los poderosos y con la opinión pública. Nada más.

¿Y la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, como derechos fundamentales de cada persona? Oh, bien, gracias.